El abogado de Clemente acudirá a un economista para desentrañar el sumario
El imputado por la desaparición de los 7,8 millones de euros de la Caja municipal espera que el proceso se reactive cuanto antes
Actualizado: GuardarHan pasado nueve meses desde que se detectara el supuesto robo de 7,8 millones de euros de la Caja municipal y en todo este tiempo la figura de Clemente Ruiz se ha posicionado como el único probable autor de los hechos. Toda la investigación ha girado en torno a su persona y para su abogado, Ignacio Quintana, esta circunstancia no ha permitido la construcción de un sumario revelador en cuanto a la desaparición de dinero en la Delegación de Hacienda desde el año 2003.
Un documento extenso, lleno de números y de movimientos bancarios, razón por la que el equipo de Quintana ha decidido acudir a un experto economista que descifre los datos y permita desentrañar todas las operaciones que se recogen en los más de 1.200 folios.
La intención de los letrados de Clemente es la de agilizar el proceso, que actualmente parece estar estancado, tras el periodo festivo para articular la defensa del hasta ahora único imputado, junto con María José Lebrero, por la falta del dinero municipal.
Lo más seguro es que tanto el interventor como la tesorera tengan que volver a acudir a los juzgados de la plaza de San José para declarar, ya que precisamente en la última sesión no pudo estar presente el propio Quintana. Además, desde la defensa se afirmó no poder aprovechar tales testimonios ya que los cargos públicos fueron citados una semana después de la apertura del sumario, sin tiempo por tanto para estudiar en profundidad el documento y poder entrar en materia respecto al control y gestión del dinero que estaba en el interior de la Caja municipal.
Motivo por el que Quintana se va a citar con un experto en economía para que le ayude a interpretar los datos que se recogen en el sumario y contrastarlos con las declaraciones realizadas por los trabajadores de Hacienda, en las que se observaba un evidente caos en cuanto a las labores para el control de las cantidades que entraban y salían de la Delegación.
Copia para su cliente
Las reuniones que se mantendrán a lo largo de la próxima semana, en la que el abogado también acudirá a Puerto II para visitar a su cliente que cuenta con una copia del sumario para su estudio. Tras estas citas, Quintana perfilará las bases de una defensa que tiene que rebatir todas las pruebas aportadas por la investigación policial en la que se evidencia que Clemente manejaba operaciones por un valor muy superior al sueldo que mensualmente percibía por su labor como funcionario. Una actividad de la que se encuentra suspendido de empleo y cobrando el salario mínimo.
De hecho, el pasado mes de diciembre estaba previsto que tuviera lugar en Cádiz el juicio para solicitar la reincorporación del cajero a la plantilla del Ayuntamiento de San Fernando. Un proceso que tuvo que ser retrasado y a la espera de nueva fecha, ya que el imputado se encuentra en prisión preventiva.
Es por eso que la defensa pretende activar cuanto antes la toma de declaraciones para ver si puede cambiar el estado de su cliente, que presenta una precaria situación económica ante la falta de ingresos.
«La investigación se ha centrado en una sola persona y como primera impresión puedo decir que echo de menos muchas cosas. Pero vamos a ir paso a paso. Primero me citaré con Clemente para que me explique todo lo que aparece en los papeles y también tengo la intención de entrevistarme con un economista que me ayude a desenmarañar la cantidad de datos y operaciones que aparecen en el sumario», afirmaba Quintana. Un proceso que marcó la actualidad isleña en 2009 y que amenaza con hacerlo en 2010, siendo la sombra de todos los actos que se han preparado para la conmemoración del Bicentenario de Las Cortes en la ciudad.
Aunque las investigaciones judiciales continúan abiertas, lo más esperado son los movimientos de los abogados defensores y ver qué personas y cargos solicitarán para que testifiquen y esclarezcan un suceso que sacó a la calle a más de 2.000 isleños exigiendo responsabilidades políticas por lo ocurrido.