Dignidad

El año 2010 llegó con inexorable puntualidad, de la que no puede presumir el TC que aun no se ha pronunciado (más de tres años y medio ya) sobre la constitucionalidad del Estatuto de Cataluña, recurrido en buena parte de su articulado por el PP, el Defensor del Pueblo y algunas Autonomías. Desde entonces, y también ahora, es objeto del mismo y recurrente debate en medios de comunicación y diferentes ámbitos de la sociedad y de la política, en forma de comentarios, declaraciones, reflexiones, opiniones, etc., que aunque no queramos no hacen sino presionar al propio Tribunal. Asumida la imparcialidad de los jueces del TC, puesto en entredicho por su precariedad (que no ilegitimidad y de la que no son responsables) institucional e impotencia para dictar una sentencia (de lo que sí son responsables), es difícilmente entendible esa tardanza a pesar del calado político de lo que se discute (la nación catalana, el idioma, la estructura judicial, la bilateralidad, etc.). Y no se entiende si se parte de que España es un Estado de Derecho con la Constitución como norma fundamental que establece los procedimientos de elaboración de los Estatutos, la jerarquía normativa entre las leyes y las funciones del TC. Se ha argumentado, para quitar legitimidad al TC para pronunciarse y aludiendo a la dignidad de Cataluña, que el Estatuto responde a un acuerdo político y ha sido aprobado por ambos Parlamentos, español y catalán, y en referéndum en Cataluña. Porcentajes aparte, no nos olvidemos que la Constitución, resultado de aquello que se llamó el espíritu del 77, fue aprobada en referéndum de todo el pueblo español. Entonces, por el bien de todos, dignidad para Cataluña sí pero sobre todo dignidad para España, Cataluña incluida.