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Obligada liberación

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La detención durante 20 días del director de Greenpeace en España, Juan López de Uralde, y de otros tres activistas de la organización por irrupir en una cena oficial presidida por la reina Margarita de Dinamarca con motivo de la Cumbre de Copenhague ha acabado con una liberación que demuestra el sinsentido de un aislamiento tan prolongado. La desproporción entre el acto de protesta y sus consecuencias resulta evidente, toda vez que la policía danesa acabó requiriendo la identidad de otros cinco cómplices de los activistas para poner en libertad a éstos. Lleva razón López de Uralde cuando demanda un espacio para la protesta pacífica ante cada evento institucional. Pero por exagerada que haya sido la reacción de las autoridades de Dinamarca, está claro que el espacio para la protesta reclamado debe estar sujeto a las leyes y procedimientos de cada país. La trasgresión que protagoniza Greenpeace puede constituir un factor de denuncia interesante ante los problemas que afectan al planeta. Pero las pautas, criterios y rituales con los que hace realidad su activismo no pueden ser asumidos necesariamente como propios por cada Estado democrático.