«Deben ayudarles aunque sean ilegales»

La federación Unión Rural no ha tardado en posicionarse del lado de las familias afectadas por el temporal. Una vez pasado lo peor y cuando ya las precipitaciones están remitiendo, los vecinos de las barriadas rurales hacen lo que pueden por recomponer los destrozos y conseguir el mayor número de ayudas posible con las que hacer frente a uno de los años más duros que se les presenta.

Sin embargo, en este punto se han encontrado con algo que no esperaban: las administraciones han cerrado las puertas en lo que se refiere a cualquier tipo de ayuda pública a los propietarios de toda vivienda que se considere ilegal, que en núcleos como Las Pachecas supone el cien por cien de los afectados. Una situación que, aunque era previsible en el caso de subvenciones autonómicas o estatales, les ha cogido por sorpresa en lo que respecta al Ayuntamiento de Jerez.

En este sentido, las declaraciones de la delegada del Medio Rural, María del Carmen Martínez, en las que aseguraba que el Consistorio «no potenciará una ilegalidad» han sentado como un jarro de agua fría a los ciudadanos, como así lo transmitió ayer Unión Rural a través de un comunicado.

Según el colectivo, independientemente de su situación irregular, estas familias deben recibir indemnizaciones y no ser discriminadas con respecto a otras que sí se beneficiaron de ellas en 2008, recordando que así viene contemplado en el artículo 149 de la Constitución que alude a «la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos». «No entendemos que nuestro Ayuntamiento les diga a los ciudadanos que sean solidarios con todas las personas, españolas o no, y discrimine a las afectadas por catástrofes naturales, siendo los verdaderos culpables los concejales».

Responsabilidad municipal

Aquí radica el 'quid' de la cuestión, ya que la federación responsabiliza a la corporación municipal de no haber solucionado el problema de la legalización y de haber roto sus promesas al respecto, al tiempo que le recrimina que no haya evitado las terribles secuelas del temporal al no haber construido el azud móvil de El Portal o acometido el dragado del Guadalete.

Por ello, desde Unión Rural aseguran que buscarán alternativas para que estos vecinos no se encuentren desamparados «ante la ineptitud de una administración poco solidaria». La delegada del área, por su parte, recordó que de las más de 200 solicitudes que se tramitaron en 2008 para subvenciones por la salida de arroyos en la zona rural, a lo que se refiriró el colectivo anteriormente, al final sólo se concedieron a las familias de barriadas legalizadas como Magallanes o Torrecera, por lo que la regularización se considera una condición sine qua non para acceder a ellas.

Los que sí harán una evaluación pormenorizada de las daños del temporal serán el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, el consejero de Gobernación, Luis Pizarro, y la consejera de Obras Públicas y Transportes, Rosa Aguilar, que se reunirán hoy para analizar los efectos de las inclemencias meteorológicas y estudiar las acciones que se vayan a poner en marcha ante futuras incidencias.

Por lo demás, las lluvias estos días darán paso al frío, y aunque durante el fin de semana se espera un repunte en las precipitaciones no parece que vuelva a decretarse la alerta amarilla. El cauce del río afortunadamente continúa descendiendo y la Agencia Andaluza del Agua sólo mantiene el desembalse en el pantano de Arcos.

La situación de las carreteras de la comarca también se está normalizando, aunque aún permanecen parcialmente cortadas dos vías en ambos sentidos: la CA-4107 y la CA-3113, registrándose ciertas complicaciones en los accesos de la CA-3110.

A pesar de ello, el Ayuntamiento mantenía activado a día de ayer el Plan de Emergencia municipal, pero es posible que concluya de forma inminente, puesto que el riesgo de inundaciones u otros incidentes de carácter grave a corto o medio plazo está prácticamente descartado.