La Audiencia Nacional decidirá en cuatro días sobre el cierre de una página de descarga denunciada

Tras semanas de rumores y cambios de parecer dentro del Gobierno, el Consejo de Ministros ha decidido que el cierre o bloqueo de una página web que infrinja la legalidad se produzca siempre por orden judicial. Será la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional la que finalmente decida actuar contra las páginas web denunciadas por atentar contra la propiedad intelectual. Esas medidas se tomarán en un procedimiento rápido de tan sólo cuatro días.

De esta forma, la reunión ministerial ha fijado un criterio único sobre las nuevas medidas contra las descargas en Internet. Según adelantaba Cultura, la lucha contra la piratería digital es el objetivo último de estas medidas que pretenden hacer compatible el derecho de los usuarios con el de los creadores de contenidos. Esta semana, la ministra Ángeles González-Sinde adelantaba que el objetivo era contentar a todos.

Con lo aprobado hoy, será necesaria una orden judicial rápida para, en cuatro días, poder clausurar las páginas denunciadas. Otro procedimiento administrativo previo permitirá a los responsables de esas web denunciadas hacer alegaciones. Este proceso puede prolongarse tres semanas,

La propuesta tiene que pasar ahora por diversos órganos consultivos del Estado antes de su remisión a las Cortes en febrero. Según ha explicado la ministra en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, es una medida "muy equilibrada" y "da la última palabra a los jueces, que deberán de decidirá rápidamente". Entre lo aprobado figura la creación de una Comisión de Propiedad Intelectual, que será el órgano que reciba las denuncias de afectados por la piratería. Una vez que esta comisión compruebe que en efecto existe una vulneración de los derechos de propiedad intelectual, solicitará el cierre o bloqueo de la página a un juez, que deberá de tomar una decisión en cuatro días.

Un sistema "mixto"

La ministra ha explicado que el modelo elegido por el Gobierno para atajar el problema de las descargas ilegales es un "sistema mixto" en el que cuando un titular considere que su obra está siendo explotada y distribuida por una página web sin licencia pueda presentar una denuncia a la sección segunda, que se creará a tal efecto, de la Comisión de Propiedad intelectual. Este organismo analizará el caso y lo remitirá a un juez de la Audiencia Nacional de lo contencioso-administrativo, el cual tendrá un plazo de cuatro días para autorizar o no el bloqueo de esos contenidos concretos.

Según González-Sinde, "el Gobierno ha aprobado una propuesta que permite a la Administración actuar contra unos cuantos que se enriquecen ilegalmente en la Red mientras se da la última palabra a los jueces, que deberán decidir rápidamente". También ha aclarado que esta propuesta "aún puede ser debatida y modificada en las Cortes". En primer lugar, el Proyecto de Ley de Economía Sostenible debe ser aprobado en el Parlamento y posteriormente un reglamento desarrollará todos estos detalles. "Esto será efectivo cuando se apruebe en unos meses", señalaba.

La ministra ha insistido en que la libertad de expresión en la Red "está garantizada". Dirigiéndose a los internautas, ha señalado que "no deben estar molestos ni preocupados en absoluto". "Estamos hablando a lo sumo de un centenar de páginas y no creo que ningún internauta esté en el caso de quienes se lucran con la explotación de obras ajenas. Esta medida va contra quienes tienen un entramado empresarial detrás". También ha señalado que los ciudadanos "que hacen un uso de Internet y de sus capacidades y obras adquiridas de manera legal no deben tener ninguna preocupación. Esta medida no afecta al ciudadano común ni al uso privado", añadía.

Sobre los miembros que integrarán esa nueva Comisión de Propiedad Intelectual, la ministra ha precisado "que es independiente" y "reflejará necesariamente la pluralidad de intereses y en ella habrá expertos en derechos, expertos en internet y en las diferentes materias".