La legislación británica tensa las relaciones entre Londres y Jerusalén

Cuatro militares israelíes que habían sido invitados por el Ejército británico a una visita oficial anunciaron ayer la cancelación de su viaje, después de que sus anfitriones reconocieran que no pueden garantizar que no serán procesados al aterrizar en Reino Unido. El incidente llega días después de que un magistrado de Londres dictase una orden de arresto contra la ex ministra israelí de Exteriores y actual líder del principal partido de la oposición, Tzipi Livni, cuando planeaba una visita a Londres, que fue anulada.

El viceministro de Exteriores, Dany Ayalon, dijo ayer que la situación es «intolerable» y que en estas circunstancias «las relaciones normales entre los dos países son difíciles». El político israelí se entrevistó ayer con la fiscal general británica, la baronesa Scotland, que se encuentra en visita privada en Israel. Ayalon explicó que, a su juicio, «se abusa de una legislación que inicialmente tenía como objetivo la persecución de los criminales nazis, pero que organizaciones terroristas como Hamás usan para secuestrar la democracia».

El grupo Campaña por los Derechos Humanos en Palestina(PHRC) promueve las denuncias ante los tribunales británicos de dignatarios judíos apelando a la jurisdicción que cualquier magistrado tiene para perseguir crímenes contra el convenio de Ginebra de 1949. En ese acuerdo, dedicado a la protección de las personas civiles en tiempos de guerra, los países signatarios asumieron la obligación de perseguir en sus tribunales a cualquiera que haya cometido, o dado la orden de cometer, una infracción grave contra las normas del convenio. Una ley de 1957 incorporó esa exigencia a la legislación británica.

La interpretación de la norma es compleja, porque algunos artículos no pueden ya aplicarse tras la creación del Tribunal Penal Internacional en 2001, pero la denuncia contra los responsables israelíes por el bombardeo de áreas civiles de Gaza al final de 2008, incita a los jueces británicos a iniciar un procedimiento judicial.

Sucesión de casos

Los cuatro militares, cuyos grados iban de comandante a coronel y que no han sido identificados, son los últimos en una sucesión de dirigentes alarmados o perseguidos. Antes de que el Tribunal de Westminster emitiese una orden de arresto contra Livni, el viceprimer ministro, Moshe Ya'alon, evitó un viaje, también en diciembre, por temor a su arresto.

El ex primer ministro Ehud Barak, que desempeñaba la cartera de Defensa en el momento de la ofensiva israelí en Gaza, evitó su apresamiento el pasado septiembre, cuando, invitado para pronunciar un discurso en la conferencia anual del Partido Laborista, argumentó que la detención no procedía al estar protegido por la inmunidad diplomática. Ya en 2005, el ex general Doron Almog, responsable de las fuerzas israelíes en la Gaza ocupada, decidió permanecer en el avión en el que viajaba cuando al llegar a Londres fue advertido de que, si pisaba suelo británico, sería detenido para responder a cargos como criminal de guerra.

El Gobierno británico está estudiando con urgencia una solución, pero las opciones son complejas. Podría derogar la ley que obliga a Reino Unido a perseguir a los infractores de los Convenios de Ginebra, o dejar que un caso de este tipo llegue a los tribunales y se establezca jurisprudencia.