Sin indemnizaciones por ser ilegales

Durante las dos últimas semanas, el trabajo de achique en las barriadas rurales ha sido tal que los vecinos apenas si han tenido tiempo de pararse a cuantificar los daños y asimilar el alcance del perjuicio sufrido. Ahora, cuando la calma se está instaurando de nuevo en la zona, aunque aún queda mucho por hacer los afectados ya están estudiando la posibilidad de solicitar indemnizaciones que les ayuden a paliar los desperfectos y afrontar un año que se presenta duro.

Hay que tener en cuenta que estas personas no sólo han padecido destrozos a nivel material, sino también la pérdida de cosechas y animales, que suponen el sustento diario de muchas familias. La posibilidad ideal en estos casos es la de acogerse a la declaración de zona catastrófica, como así viene contemplado en el Real Decreto 307/2005 de 18 de marzo, que regula las ayudas en atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica.

Sin embargo, llegados a este punto muchos de los ciudadanos perjudicados se han topado con una cruda realidad: al estar ubicadas sus viviendas en terrenos agrícolas y ser por tanto ilegales, esta opción es totalmente descartable. Esto es lo que les sucede precisamente a los vecinos de la barriada más afectada, Las Pachecas, ya que todas las viviendas perjudicadas (cuyo número asciende a 26) están levantadas en la ribera del río.

La delegada del Medio Rural, María del Carmen Martínez, confirmó ayer esta circunstancia explicando cómo en un principio ese suelo pertenecía al IARA (Instituto Andaluz de Reformas Agrarias), que terminó vendiendo las parcelas a los agricultores para que trabajaran esa tierra y éstos a su vez acabaron ofreciéndolas a terceros. Los últimos compradores resultaron ser en su mayoría «domingueros», como aclaró la delegada, que en un suelo en el que por ser rústico sólo se podía construir un cuarto de aperos acabaron levantando una casa entera.

No hay solución

El resultado fue que estos propietarios consiguieron sus viviendas pero al margen absoluto de la legalidad, algo que no sólo les trae numerosos inconvenientes sino que tampoco se podrá solucionar en un futuro. En el caso de La Ina y algunos otros pequeños núcleos, los afectados por el temporal no podrán igualmente recibir las ayudas autonómicas y estatales por encontrarse en la misma situación, aunque con la salvedad de que la legalización de la citada barriada rural sí está contemplada en el vigente PGOU, como la parte de Las Pachecas que no se encuentra construida en zona inundable.

Según Martínez, el Plan General de Ordenación Urbana contempla «todo lo que se puede regularizar» al tratarse de vías pecuarias, como es el caso también de Cuartillos o Mesas del Corral. Otros núcleos como La Greduela, muy afectada por el temporal, sí están legalizados porque se levantaron por el Instituto Nacional de Colonización en la época de Franco. El caso es que como apuntó la presidenta de Unión Rural, Ana Rosa Pérez, las familias de Las Pachecas y La Ina al carecer de una situación regularizada sólo podrán apelar al seguro privado para resarcir los daños, en el supuesto de que lo tengan, o como último recurso a la «solidaridad» del gobierno local.

«Por ley no tendrán ayudas, pero ya dependerá de la voluntad política del Ayuntamiento. Si se legalizaran estas cañadas se adecentarían alcantarillados, acerados y demás, se arreglarían las infraestructuras y no volverían a pasar estas cosas». En este sentido, Pérez aprovechó la ocasión para insistir una vez más en la demanda histórica de la zona rural, argumentando que «Jerez no necesita que levanten la calle Porvera cuatro veces al año, sino que todos los ciudadanos tengan un alumbrado público, acceso a Internet, etcétera, y se cumplan todas las promesas».

Desafortunadamente para estos jerezanos, Martínez avanzó ayer a LA VOZ que el Consistorio no ofrecerá ayudas económicas a estos perjudicados, porque «no se puede potenciar una ilegalidad». «Nosotros estamos prestando ayudas en infraestructuras pero ahí acabará todo. No se pueden levantar expectativas a la gente».

Posibles beneficiarios

El resto de las zonas afectadas, que aglutinan a alrededor de 70 viviendas, sí podrán acogerse a la declaración de zona catastrófica a pesar de que los daños hayan sido menores. No obstante, las familias deberán cumplir una serie de requisitos como así exige la ley, en relación a los perjuicios sufridos y sobre todo a la capacidad económica de los damnificados.

En el supuesto de que logren acceder a estas indemnizaciones, las cuantía máxima no superará nunca los 15.120 euros, que se abonarán en el caso de que se haya producido una destrucción total de la vivienda habitual.