La cuarta parte de las casas anegadas en Jerez no recibirá ayudas por ser ilegales

Durante las dos últimas semanas, el trabajo de achique en las barriadas rurales de Jerez ha sido tal que los vecinos apenas si han tenido tiempo de pararse a cuantificar los daños. Ahora, cuando la calma se está instaurando de nuevo, los afectados estudian la posibilidad de solicitar indemnizaciones que palien no sólo los destrozos materiales, sino también la pérdida de cosechas y animales, que suponen el sustento diario de muchas familias. En este tipo de casos, lo habitual es que los damnificados se acojan a la declaración de zona catastrófica, contemplada en el Real Decreto 307/2005 de 18 de marzo, que regula las ayudas en situaciones de emergencia o catastrófica. La cuantía máxima no superará nunca los 15.120 euros.

Sin embargo, muchos de los afectados por las crecidas del Guadalete no tendrán derecho a este tipo de subvenciones públicas, ya que sus viviendas están en zonas agrícolas y, por tanto, son ilegales. Sucede así con los vecinos de la barriada más afectada, Las Pachecas, donde todas las casas perjudicadas (en total, 26) están levantadas en la ribera del río, una zona no urbanizable.

Origen

Según explicó ayer la delegada del Medio Rural, María del Carmen Martínez, ese suelo pertenecía al IARA (Instituto Andaluz de Reformas Agrarias), que vendió las parcelas a los agricultores para que trabajaran la tierra. Sin embargo, muchos, acabaron vendiéndolas como residenciales a tercero, en su mayoría «domingueros», aclaró la delegada. El terreno, por ser rústico, sólo se podía destinarse a construir un cuarto de aperos, pero se levantaron casas enteras. Algo similar ocurre en La Ina, aunque en este núcleo rural sí está contemplada la edificabilidad en el vigente PGOU. Otros núcleos como La Greduela, sí están legalizados porque se levantaron por el Instituto Nacional de Colonización durante el Franquismo.

Las familias de Las Pachecas y La Ina sólo podrán apelar al seguro privado para resarcir los daños, en el supuesto de que lo tengan, o como último recurso a la «solidaridad» del gobierno local. «Dependerán de la voluntad política del Ayuntamiento», afirma la presidenta de Unión Rural, Ana Rosa Pérez. «Si se legalizaran estas cañadas se adecentarían alcantarillados, acerados y demás, se arreglarían las infraestructuras y no volverían a pasar estas cosas».