El Gobierno saca de sus prioridades el pacto de Estado sobre la energía

El pacto sobre la energía, el acuerdo político que debería sentar la base común para la planificación de las próximas dos décadas y adoptar medidas para la reducción de la dependencia y la garantía del suministro, ha quedado relegado a un segundo plano entre las prioridades del Gobierno. Mientras el consenso ha funcionado en lo relativo a la Presidencia española de la Unión Europea y la negociación en educación se desarrolla con transparencia y buen tono, en materia energética el Ejecutivo ha seguido adoptando decisiones después de que las reuniones mantenidas con representantes del PP se saldaran sin acercamientos.

El ministro de Industria, Miguel Sebastián, y el portavoz económico popular, Cristóbal Montoro, fueron los encargados de explorar el terreno. Sebastián mantiene una postura abierta en el tema nuclear, en tanto que Montoro formó parte del equipo de gobierno de José María Aznar que acordó sucesivas rebajas del precio de la electricidad para los consumidores finales. Fue una estrategia política con importantes costes futuros.

El Gobierno y el PP han intercambiado documentos reveladores de diferencias de gran calado. Los populares pusieron sobre la mesa, entre otras cuestiones, la prórroga de la central nuclear Santa María de Garoña y abogaron por una congelación de la tarifa eléctrica que pagan 18 millones de consumidores, la única que permanece tras la liberalización.

Todo esto impidió avanzar en la negociación de cuestiones de futuro. El Gobierno reprochó al PP que los precios regulados tienen que subir, entre otras razones, por la factura que se generó durante los años en los que fueron reconocidos a las compañías eléctricas costes de generación superiores a los ingresos. Ahora queda compensar un déficit tarifario acumulado superior a los 16.000 millones de euros.

En materia nuclear, el Gobierno no piensa dar marcha atrás. Garoña se clausurará en 2013 y en el marco del proyecto de ley de Economía Sostenible se ha fijado la vida útil 'ordinaria' de las instalaciones en 40 años. Pero también abre camino a prórrogas si se dieran circunstancias excepcionales con unos controles, si cabe, más rigurosos, de manera que la nueva propuesta de regulación no introduce cambios sobre la situación actual. No obstante, de las palabras del presidente Zapatero en el Congreso se deduce su disposición a que la composición del futuro 'parque' de generación eléctrica en el largo plazo fuera decidida por consenso.