Las trampas ahogan a los ayuntamientos

La alcaldesa de Jerez, la socialista Pilar Sánchez, anunció hace dos semanas su intención de bajarse el sueldo en 8.484 euros anuales. Un pellizco a restar de los casi 87.000 que percibe por el cargo que ocupa. El gesto tiene especial relevancia ahora en una época de crisis y ante la situación agónica de las arcas municipales. Los ayuntamientos de la provincia están con el agua al cuello. Algunos necesitan un flotador para seguir en la superficie y el Ministerio de Hacienda ya ha dado un serio toque de atención a municipios como Jerez, La Línea o Barbate para que apliquen planes de saneamiento. La luz de alarma se enciende cada vez que una entidad local supera en deudas el 110% de sus ingresos corrientes.

La Secretaría General de Financiación Territorial ha puesto sobre la mesa la deuda que tienen contraida los consistorios gaditanos con los bancos. El valor de los créditos solicitados asciende a 631 millones de euros. Es la tercera provincia de Andalucía en nivel de deuda bancaria, por detrás de Málaga y Sevilla. Esta magnitud supone que la deuda por habitante de media supera los 517 euros.

El alcalde de Barbate, el socialista Rafael Quirós, ha reconocido sin tapujos que su ayuntamiento «está en quiebra» y hace juegos malabares cada mes para poder pagar la nómina de los funcionarios. Una auditoría contable arrojó en 2007 que la deuda global del consistorio ascendía a 70 millones de euros, de los que 30 correspondían al impago de cuotas a la Seguridad Social y 11 millones a los bancos. El resto, a proveedores. Quirós aclara que la situación económica es la herencia que dejó el anterior gobierno municipal, en manos del PP. La consecuencia inmediata de la morosidad a la Seguridad Social ha sido el embargo por parte del Ministerio de Economía de los 3,9 millones de euros que tenía asignados el ayuntamiento barbateño en el Plan E de 2009. El delegado del Gobierno en Andalucía, Juan José López Garzón, reconoce que ese dinero no llegará al municipio y se estudia ahora si podrá percibir los 2,4 millones correspondientes al Plan E de 2010.

¿Cómo se ha llegado a esta situación? Fácil. Los ayuntamientos han aprovechado la época de bonanza económica para entramparse hasta las cejas. Pero no todo es imputable a la alegría del momento. Los consistorios han asumido también en los últimos cinco años una sobrecarga de gastos por nuevas competencias que no les corresponden y que, sin embargo, responden de ellas con recursos propios. Es el caso de las políticas sociales que ha generado, entre otros asuntos, la ley de Dependencia. Igualmente se encargan del mantenimiento de los colegios públicos. Además, los ayuntamientos asumen la prestación de servicios en viviendas sociales y Sanidad. Se trata de compromisos de la Junta, que comparte con los consistorios. Todo esto se agrava con el descenso de los ingresos. La crisis ha traído una bajada en las licencias de obras, las plusvalías, el IAE y en los impuestos básicos, que se mantienen congelados.

Además, la aprobación de la nueva Ley del Suelo ha significado un duro revés para los ayuntamientos. Los beneficios de la venta de patrimonio municipal ya no pueden destinarse a inversiones. Ese dinero se puede enjugar en gasto corriente.

Recortes en los gastos

El Ayuntamiento de Cádiz tiene una deuda viva de 91,7 millones de euros, lo que significa 127 euros por habitante. Es el que más debe a los bancos, sin embargo, sus arcas municipales pueden aguantar todavía más nivel de endeudamiento. Su concejal de Hacienda, José Blas Fernández, adelanta que las cuentas de 2008 se cerraron con un déficit de 4 millones de euros, «aunque se ha llegado a ahorrar 1,2 millones de euros en gastos».

Las previsiones de Blas Fernández para 2010 son poco esperanzadoras, «el Estado ha metido la tijera en el reparto de recursos para los ayuntamientos y Cádiz recibirá 13 millones menos». El edil señala que la única salida que queda para mantener el pulso de las inversiones es el crédito bancario. Así, los 91 millones que debe a las entidades financieras son el resultado de las obras del nuevo mercado, la ampliación del aparcamiento de Canalejas o el proyecto de nueva tribuna del Carranza. José Blas Fernández adelantó que su departamento está refinanciado parte de la deuda.

Detrás de Cádiz sigue Jerez, con 89,6 millones de euros de débito a los bancos, Algeciras, con 73,6, y El Puerto, con 73,1 millones de euros. El consistorio jerezano ha puesto en marcha un plan de saneamiento de las arcas locales que recoge un recorte del gasto corriente de 15 millones de euros anuales, ajuste de plantilla y recorte salarial.

La subdirectora general de Relaciones Financieras con las Entidades Locales del Ministerio de Economía, Purificación Sánchez, explicó en Cádiz el pasado junio las claves del nuevo decreto que permitirá a los consistorios refinanciar sus deudas y afrontar pagos con nuevas líneas de crédito. El objetivo de la medida no es otro que afrontar a corto plazo la deuda con proveedores y a largo plazo, la deuda municipal.

El vicepresidente Económico de la Diputación provincial, Francisco Menacho, es consciente de la grave situación que atraviesan algunos consistorios gaditanos, pero destaca que «lo importante de este asunto no es la deuda sino la capacidad que tienen para afrontarla».

Los funcionarios del Ayuntamiento de La Línea se han echado a la calle en demanda de sus nóminas y atrasos. El nuevo alcalde, el popular Alejandro Sánchez, ha sustituido al regidor Juan Carlos Juárez, que ha llevado el bastón de mando durante diez años. Sánchez se ha encontrado con una deuda global de 100 millones de euros, de los que 20,1 corresponden a bancos, lo que supone 313 euros por habitante.

El presidente provincial del PP, José Loaiza, ha destacado que los ayuntamientos están asumiendo hasta un 35% de gastos que no les toca, «son de la Junta o del Gobierno central». En su opinión la solución al problema pasa por la aprobación del pacto de financiación de las haciendas locales.

Así, el presidente de la Comisión de Haciendas Locales de la Federación de Municipios de (FEMP), Pedro Arahuete, confía que en 2010 se pueda aprobar, después de quedar exluidos de pacto de financiación autonómica, el denominado pacto local.

El farollillo rojo también se ha encendido para el consistorio de Algeciras, que dirige el socialista Tomás Herrera. La Corporación ha tenido que preparar un plan especial de ahorro 2009-2011 para capear los 163 millones de euros de deuda que arrastra, de los que 73,6 corresponden a créditos con entidades financieras. Los gestores de las cuentas han incluido en su plan de actuaciones la limitación de las inversiones, la contención del gasto, ajuste de plantilla y congelación salarial de pollíticos y cargos de confianza. Otro de los apartados claves del plan es la mejora del sistema de recaudación.

Los alcaldes consultados por este periódico confían en que el nuevo pacto local sirva para delimitar las competencias.