Un juez de EEUU desecha los cargos contra los mercenarios de Blackwater acusados por muertes en Irak

Un juez federal ha desechado hoy los cargos contra cinco vigilantes armados de la firma Blackwater que habían sido acusados por la muerte de 14 personas en 2007 en el centro de Bagdad. En una decisión que ocupa 90 páginas, el magistrado Ricardo Urbina dijo que el Gobierno había violado los derechos de los mercenarios cuando usó las declaraciones de los procesados, a quienes se les había otorgado inmunidad, para adelantar las investigaciones.

El veredicto se produce después de una serie de audiencias en las que se discutió si los fiscales y agentes federales habían usado, de manera inapropiada, las declaraciones que los vigilantes dieron a los investigadores del Departamento de Estado después del incidente el 16 de septiembre de 2007. Blackwater Worldwide fue una compañía que durante años contrató y suministró personal paramilitar para la protección de convoyes, edificios, instalaciones militares y funcionarios de gobiernos, en áreas donde las fuerzas armadas de Estados Unidos están en guerra.

Los cinco hombres -Paul Slough, Nicholas Slatten, Evan Liberty, Dustin Heard y Donald Ball- fueron acusados de homicidio voluntario e infracción en el uso de armas por la muerte de 14 civiles y las heridas que sufrieron otras 20 personas. Según el Departamento de Justicia los mercenarios, que se trasladaban en un convoy, atacaron sin provocación a los civiles iraquíes en la Plaza Nisoor, cerca del centro de la capital iraquí. Uno de los vigilantes, Jeremy P. Ridgeway se ha declarado culpable y se esperaba que testificara en contra de los otros.

Blackwater, que desde el incidente cambió su nombre a Xe, tenía un contrato para proporcionar vigilantes armados y protección al personal del Departamento de Estado en Irak. La decisión de Urbina retorna el caso a una polémica internacional. El gobierno iraquí quería que los mercenarios fueran juzgados en Irak, y las autoridades en Bagdad habían dicho que observarían cuidadosamente la forma en que el sistema judicial de Estados Unidos manejaría los casos.