Crédito público

La dotación pública del llamado Fondo de Economía Sostenible, cifrada por el Gobierno en 20.000 millones de euros para los dos próximos ejercicios, permitirá al ICO promover tanto la financiación de proyectos empresariales que se inscriban dentro de los esfuerzos para preservar el medio ambiente como en la necesaria innovación del tejido productivo español, brindando por primera vez a los particulares una línea crediticia para la rehabilitación de sus viviendas. Es indudable que el monto dispuesto para tan amplia operación deberá propiciar la concurrencia de las entidades privadas para ser verdaderamente eficaz. Sobre todo porque su razón de ser depende de que suscite la paulatina apertura de la disposición de bancos y cajas de ahorros a conceder créditos, teniendo que sujetarse el propio ICO a criterios de rentabilidad a la hora de comprometer los fondos públicos. Por otra parte, el propio concepto de la rehabilitación de viviendas deberá coincidir con los criterios que manejen autonomías y ayuntamientos a la hora de favorecer a personas y familias el acceso a un dinero que ha de ser destinado, también, a la continuidad de empresas relacionadas con la construcción y a la recuperación del empleo más cualificado en el sector.