Lo políticamente correcto y lo mercantilmente rentable

La pretensión de abrir expediente disciplinario en el CGPJ al magistrado Serrano de la Audiencia de Sevilla por haber realizado unas declaraciones críticas a la Ley de Violencia de Género me produce sorpresa y alarma. Aunque el juez contempla otros aspectos, por razones obvias, me ceñiré solo a una de sus afirmaciones: «algunos hombres inocentes son víctimas de esta Ley».

Hoy día, creo que nadie ataca al feminismo clásico que ha logrado conquistar la igualdad de derechos en ambos sexos. Sí resulta reprobable el feminismo radical que se ha instaurado en España y que maneja al Gobierno de forma dominante en estas cuestiones, ignorando el carácter poliédrico 'nietzscheano' de los acontecimientos, cosas y personas. Este radicalismo, además de injusto, está perjudicando a las mujeres normales y equilibradas que son mayoría.

Casi todos los profesionales de la salud mental, hemos tenido ocasión de valorar y tratar patologías de tipo depresivo y ansioso en mujeres -las que afortunadamente han podido contarlo- víctimas del siniestro e infame maltrato familiar. También en los varones, con cierta frecuencia, se detectan cuadros reactivos a falsas denuncias de maltrato. Este ha sido un tema tabú del cual un magistrado, a quien no tengo el gusto de conocer, con más de 20.000 sentencias dictadas, ha opinado con valentía, remando a contracorriente.

Casi a diario, en prensa escrita y también en televisión y radio, aparecen noticias acerca de los llamados malos tratos de género, asunto sin duda lamentable y execrable. Esta Ley no ha logrado erradicar la lacra de ese tipo de violencia que, lamentablemente, sigue en aumento. El morbo con el que es tratado el tema a nivel mediático, sobre todo por las televisiones, probablemente constituya una forma contrapreventiva y, por tanto, promocionadora de las conductas violentas. La noticia, se convierte indebidamente en el 'show' de la macabra realidad, expuesto con crudeza por presentadores sin escrúpulos, incapaces de distinguir los hechos que pueden ser constitutivos de interés informativo. Con demasiada frecuencia, tratan indebidamente situaciones dramáticas realizando montajes y fragmentaciones. Esta realidad, como crudo espectáculo, expuesta con la meta mercantilista de lograr cuotas de audiencia, resulta lamentable. Pocas voces han evidenciado esta indigna y altamente perniciosa realidad informativa, (¿cortinas de humo o captación de votos?) que tanto perjudica al tema en sí.

En otro sentido, tal como denuncia el juez Serrano, y otros muchos profesionales, las denuncias falsas por malos tratos se han multiplicado. En la práctica, al igual que existen maltratadores crueles y asesinos, también puede afirmarse que, al menos, algunos hombres inocentes, han sido atormentados con falsas denuncias, creándose una situación de indefensión -calificada de anticonstitucional por muchos juristas- que destroza sus vidas. Esta realidad, resulta tan políticamente incorrecta como cierta. ¿Pero alguien se acuerda de esos hombres que pueden estar injustamente sufriendo?

Resulta sano incitar el debate y provocar la reflexión. Ir en contra de lo políticamente correcto puede no ser cómodo, tampoco es popular, pero sin duda es una actitud más digna que la adoptada por aquellas personas que tratan de impedir en otros la manía de pensar y airear lo que piensan. En Cádiz, hemos tenido un llamativo testimonio de lo dicho: hace unos meses, un hombre notable, fue acusado de «maltrato psicológico». Cuando se produjo la denuncia, corrieron ríos de tinta, así como otras informaciones. La finalización de la causa con absolución, no mereció ni un solo comentario reparador. Simplemente, no se trataba de una noticia con interés mercantil ni políticamente correcta.

Existe en España un mal uso de la Ley Integral Contra la Violencia de Genero, tema ignorado sistemáticamente por los medios de comunicación. La ley, inicialmente aprobada para ayudar a esas miles de mujeres vilmente maltratadas por sus parejas que no encontraban una vía rápida y eficaz para librarse de su agresor y verdugo, está siendo, en ocasiones, indebidamente usada por otras mujeres egoístas e insolidarias que se aprovechan de la norma para sacar beneficio. La mujer, no tiene que presentar pruebas del supuesto mal trato, basta con que denuncie para que todo el dispositivo policíaco-judicial se ponga rápidamente en marcha y el hombre sea detenido y tratado como auténtico criminal. Las medidas preventivas que contemplan uno o varios días de incomunicación en el calabozo, juicio rápido, condena a salir de su casa, alejamiento de su mujer e hijos, embargo de la nómina y pago de una pensión fija con el consiguiente quebranto económico, en ocasiones muy grave y extremadamente humillante, deberían aplicarse siempre con todas las garantías.

Algunas mujeres, afortunadamente no muchas, carentes de escrúpulos, cansadas de vivir con su esposo o pareja y deseando tener una vida nueva, han podido y pueden, impunemente, hacer uso de esta oportunidad que les ofrece el Estado, denunciando por despecho o fines espurios.

El desgarro y horror que nos producen las víctimas no puede justificar el ensañamiento con un varón inocente. Por esta razón, resulta imperiosa la reforma de esta Ley. La postura correcta debe distinguir el machismo basado en una cultura ancestral que aparta a la mujer de cualquier tipo de legitimidad para oponerse a su pareja y legitima a esta a exigir lo que le viene en gana, de la mujer que piensa que porque su marido se distancia y pasa de ella, es una maltratada.

Al final las víctimas masculinas, (al igual que las auténticas víctimas femeninas,) terminan padeciendo patologías depresivas y ansiosas que requieren abordajes terapéuticos muy complejos.