El Supremo califica de «desastrosa» la vigilancia urbanística en España

Eugenio Hidalgo, ex alcalde de Andratx pasó ayer su primera noche en prisión, tras confirmar el Tribunal Supremo la condena de cuatro años de cárcel que le impuso la Audiencia Provincial de Mallorca por construirse un chalé en una zona agrícola en 2002. La relevancia de esta sentencia trasciende al caso concreto de Hidalgo, porque disipa dudas sobre la legitimidad de perseguir la denominada 'corrupción del ladrillo' por la vía penal y, además, hace una radiografía de la ordenación del territorio en España que deja en mal lugar tanto a los legisladores como a los representantes de las administraciones autonómica y local, encargados de la disciplina urbanística.

El fallo, que se notificó ayer a las partes, califica en dos ocasiones de «desastrosa» la vigilancia del planeamiento en todo el país, «incluida la destrucción paisajística» y tilda de «inoperante» la vía administrativa. Una situación que, según consta en el texto, justifica que se acuda al derecho penal como «último ratio». El alto tribunal rechaza todos los argumentos esgrimidos por la defensa de Hidalgo y que han sido utilizadas en casos similares como que la Audiencia de Mallorca que no tuviera en cuenta la «realidad urbanística» de la zona así como otras circunstancias como la «nula protección paisajística» de la parcela y la existencia de «altos y poco estéticos» edificios colindantes.

Una tesis refutada ahora por el Supremo que achaca a actuaciones como las de Hidalgo la «instauración de una manifiesta inseguridad jurídica» en materia urbanística.