El promotor de Majadillas se pone en huelga de hambre para pedir explicaciones

El promotor de las viviendas de Majadillas quiere declarar por lo que él considera un atropello sin precedentes; dejando a un lado, sin rubor de ningún tipo, que los inmuebles fueron construidos sin licencia, que violó la orden de paralización de las obras y que pese a tener la amenaza del derribo, las alquiló a las verdaderas víctimas de este desaguisado: unos inquilinos que tuvieron que salir de prisa antes de que la pica tocara el timbre de la puerta. Para pedir explicaciones a altas instancias, Antonio Tocino ha decidido ponerse en huelga de hambre y permanece desde esta mañana en las puertas de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Chiclana.

Este promotor chiclanero representa a la perfección a los integrantes de los llamados grupos de presión, como en su día los definió la Fiscalía de Medio Ambiente. Se trata de vecinos que a sabiendas de que están viviendo en casas fuera de planeamiento, han visto como las administraciones y, en otros casos, las decisiones judiciales, han dejado sus casas intactas. Pese a vivir sobre una ilegalidad, los ayuntamientos les han cobrado tasas e impuestos, generando unos derechos que ahora esgrimen como principios para que sus viviendas no terminen en el suelo; con el consiguiente agravio comparativo para aquellos otros ciudadanos que sí pagaron el peaje -un precio de mercado más caro y gastos notariales- por no saltarse a la torera las normas urbanísticas de su localidad.

Disparidad de criterios

Pero ésta no es la única desigualdad entre vecinos. Los dueños de viviendas ilegales están viendo cómo algunos vecinos se enfrentan al derribo de su inmueble por orden judicial; mientras que otros son condenados al pago de una multa y a una pena inferior de cárcel, pero mantienen su casa. Y es que en la misma Audiencia Provincial de Cádiz se están dictando sentencias a favor y en contra de los derribos, aplicando criterios distintos. En 2006, cuando este órgano judicial acordó la primera demolición -una chalé en Zahora-, desde la Fiscalía se asumió esa sentencia con cierto sabor a victoria porque por primera vez se admitían los planteamientos del Ministerio Público, a favor de los derribos como mecanismo disuasorio ante tanto descontrol urbanístico.

A partir de entonces parecía que salvo la sala de Algeciras, más remisa a incluir las demoliciones en sus sentencias condenatorias, comenzaba a haber una unificación de criterios favorables a tirar lo ilegal. Pero pasado el tiempo, se constata que tal unidad no se ha producido. Así lo confirma la fiscal de Medio Ambiente, Patricia Navarro, que ha asumido esta responsabilidad tras la marcha de su compañero Ángel Núñez -principal defensor de los derribos como efecto preventivo- al Ministerio de Justicia en calidad de asesor.

La Sala Cuarta de la Audiencia, como indica la fiscal, está aplicando un criterio jurídico que está salvado de la pala las viviendas: considerar núcleos urbanos zonas como los diseminados de Chipiona, Chiclana y El Puerto. En resumen, los magistrados entienden que existe ya un daño en el bien jurídico -en este caso el suelo- que no va a ser restablecido porque se derribe un inmueble. Sí condena a los propietarios a penas menores de cárcel y a multas, pero mantiene en pie sus inmuebles. Pese a la oposición de la Fiscalía.

A favor

Por contra, en la Sala Primera del mismo órgano judicial se están acordando sentencias que sí incluyen la demolición. Y es que estos magistrados «sí están entrando a valorar circunstancias como que el procesado haya violado la orden de paralización de las obras o que su vivienda esté ubicada en las afueras de esos núcleos de población». En esas sentencias se hace una clara diferenciación entre una propiedad con muchos años de antigüedad y aquellas que se han construido recientemente, prolongando áreas como el Palmar donde no está permitida la edificación, pese a la proliferación de casas que se han ido levantando ante la pasividad de la Administración local.

A estas alturas del debate en torno al descontrol urbanístico que ha imperado, sobre todo, en los municipios costeros de la provincia, los dueños que son llevados a juicio rara vez apelan ya al desconocimiento de las normas urbanísticas. «Quizás antes podían alegar esa circunstancias, pero ahora es difícil de mantener», dice la fiscal Navarro. Ahora los argumentos son otros: una futura modificación del planeamiento urbano, prometido por el Gobierno local, donde se contempla la parcela en cuestión como zona urbana; o recurrir a las viviendas vecinas, que aún estando sobre el mismo suelo no urbanizable, siguen en pie.

A principios de año había casi un centenar de órdenes de demolición; sin embargo, a fecha de hoy están en torno al medio centenar. Este recorte no se ha producido exclusivamente por una ejecución de los derribos, sino porque algunas sentencias fueron recurridas ante la Audiencia y sus dueños lograron conservar sus casas.

Por otro lado, los más de 20 detenidos durante el altercado de vecinos que tuvo lugar antes de la demolición de las casas han sido absueltos sin cargos por la jueza encargada del caso.