El promotor de las diez casas derribadas en Chiclana iniciará una huelga de hambre

El promotor de las diez viviendas sin licencia derribadas el pasado lunes, 21 de diciembre, en Chiclana anunció ayer que iniciará en los próximos días una huelga de hambre «para pedir justicia».

Esta acción de protesta será completada, en principio, con una concentración que tendrá lugar, mañana a primera hora, a las puertas de la Gerencia Municipal de Urbanismo, y en la que participarán la mayor parte de los detenidos en los momentos previos a iniciarse la demolición de los inmuebles, 29 personas más el propio Antonio Tocino.

Ayer por la tarde, el promotor, arropado por sus cinco hijos, familia política y allegados, compareció en rueda de prensa por primera vez desde el lunes. Ante los medios, los propietarios mostraron su contrariedad tras conocer el auto judicial, dictado por el juzgado número 3 de lo Contencioso-Administrativo de Cádiz, que a su juicio «estima el recurso de apelación que presentamos», y que según ellos «podría haber permitido al Ayuntamiento paralizar los derribos».

Este argumento no es del todo exacto. Fuentes jurídicas consultadas por LA VOZ aseguran que el hecho de que la magistrada admitiera dicho recurso no implica que se paralizara la demolición cautelarmente como ellos pedían. De hecho, en el propio auto judicial de respuesta al escrito de los propietarios se apunta que «no ha dado lugar a tramitar una medida cautelar con relación a la pretensión de suspensión».

Sin embargo, la familia Tocino considera que «a quien correspondía paralizar el derribo no es al juzgado sino al Ayuntamiento», y que es éste quien debía haber articulado alguna medida para no ejecutar la demolición de esta semana.

Suelo urbanizable

Además, los propietarios entraron ayer en más detalles. La primera de las precisiones que quisieron realizar los promotores de los diez unifamiliares de Majadillas fue que la notificación del derribo «no nos llegó correctamente, porque nunca se comprobó quién vivía en las viviendas realmente». Además, para el promotor «en ningún momento nosotros quisimos especular porque las casas las construimos para mis hijos», explicó.

La propiedad de los inmuebles derribados el pasado lunes criticó que «en Chiclana se haya permitido la especulación y la construcción ilegal durante 30 años y nos hayan tirado las casas a nosotros». A su entender sus viviendas «estaban en suelo urbanizable sectorizado, y no rústico como dice el Ayuntamiento». Para ellos «el alcalde quería tirarlas a toda costa; tiene que haber algo personal o político de Román y Verdier (edil de Urbanismo) contra nosotros», critican.

Sobre las acusaciones de haber buscado inquilinos para que ocuparan los inmuebles semanas antes de que supieran que el derribo ya era inevitable, uno de los propietarios, Cristóbal Pérez (yerno del promotor), lo negó: «Tenemos contratos de 7 y 8 meses de antigüedad, incluso de un año», matizó.

El responsable de DIPA, José Luis Velázquez, que ejerció ayer como portavoz de la familia, lamentó que «el Ayuntamiento tuviera decidido desde hace tiempo derribar estas casas». Tras pedir explicaciones por el hecho de que «no se derribara el transformador de Sevillana de la zona», recordó que «estas familias pagaban incluso la basura». Por último, resaltó que en Chiclana «hay concejales con casas ilegales».