Un ex empleado de Arasti Barca lleva a los tribunales al gerente por calumnias

Un antiguo empleado de la empresa Arasti Barca, concesionaria de servicios en Cádiz como los socorristas de las playas o los monitores de instalaciones deportivas municipales, va a llevar a juicio al gerente de esta firma a quien acusa de haberle injuriado y calumniado después de haberlo despedido de forma improcedente. El juicio que debía haberse celebrado hace unos días en el Penal nº 4 de Cádiz, pero que se suspendió hasta nueva fecha, no sólo dirimirá sobre posibles delitos contra la imagen y la integridad de una persona sino también sobre una forma cuestionable de gestionar los recursos humanos en una empresa.

El denunciante se llama Juan José García Guerrero y hasta el 20 de junio de 2006 fue entrenador en el pabellón Fernando Portillo de la capital. Ese día fue despedido por la empresa e indemnizado con más de 24.000 euros al reconocer Arasti Barca la improcedencia de esa decisión. Dos días después, según relata el escrito de acusación del letrado Felipe Meléndez, que defiende al empleado, la empresa lanzó un comunicado donde se daba cuenta de la salida de un empleado que hasta un año antes había sido delegado sindical.

Dicho documento, que se expuso en todos los centros de trabajo que gestiona Arasti Barca, se aseguran «afirmaciones no veraces, presididas de un deliberado ánimo injurioso y calumnioso, con la única pretensión de dañar el prestigio personal, laboral y familiar del trabajador», expone la acusación.

En el comunicado, firmado por el gerente Miguel Arasti, se dice que Juan José García Guerrero insultó a la dirección de la empresa; que existían «dudas más que razonables» de que obtenía partes de bajas fraudulentos; que fingió una incapacidad temporal y que fue el causante de numerosas quejas de usuarios de la sala de musculación donde trabajaba.

La representación letrada del ex empleado pide una pena de dos años de prisión, una multa de 14 meses, a razón de 20 euros diarios; y una indemnización por daños y perjuicios de 60.000 euros al gerente de la firma, Miguel Arasti. Entienden que este empresario realizó una «imputación directa, falsaria y maliciosa de actividades delictivas como el tráfico de influencias para conseguir falsas bajas médicas» contra el trabajador, quien fue asistido en el centro de salud mental de Jerez por un cuadro de ansiedad tras la publicación del comunicado. En noviembre de ese año, se le reconoció una incapacidad permanente total para el ejercicio de su profesión por la lesión de rodilla que su antiguo empresa dijo que simuló.