La madre 'liberal' de todas las leyes

El 'vuelva usted mañana' tiene los días contados. Esa frase que Larra hizo famosa en el siglo XIX y que tan bien ha definido al engorroso ir y venir de cualquiera que pretenda mover un papel en la Administración española para obtener un permiso está a punto de convertirse en una frase lapidaria en el sentido más literal. Los aires liberales de la Unión Europea le darán sepultura si, como está dispuesto, a partir de mañana día 28 se cumple la directiva sobre servicios en el comercio interior dictada en 2006 para la libertad de establecimiento, la libre circulación de servicios entre los 27 estados miembros y la ventanilla única.

Estos objetivos obligan a las administraciones estatal, autonómicas y locales a modificar numerosas leyes, órdenes y disposiciones para eliminar cuantas barreras y trámites dificulten o limiten las actividades económicas. Hasta tal punto que implicará la reforma más profunda hasta ahora del sector servicios en España con un cambio radical de su modelo de regulación, según explicó a este periódico Antonio Ávila, consejero de Gobernación de la Junta de Andalucía.

Grosso modo se sustituyen autorizaciones administrativas previas por comunicaciones o declaraciones responsables. O tomando como referencia anecdótica el día en que empieza a hacerse efectiva la norma, el día de los Santos Inocentes, a partir de este 28 de diciembre se aplicará la presunción de inocencia a profesionales o empresas que presten servicios en la Unión Europea. Es decir, primero informan a la administración de su actividad, bien mediante una comunicación o una declaración responsable, luego la administración verificará a través de su inspección si cumple o no los requisitos que marca la legislación. «Con ello se acortan los tiempos de espera y la actividad empieza antes», explica Antonio Ávila.

Un ejemplo sencillo: Un técnico instalador de paneles fotovoltaicos no necesitará esperar a que la Junta de Andalucía le acredite su preparación para iniciar su actividad. Bastará que entregue una declaración donde exponga bajo su responsabilidad que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente, que dispone de la documentación que así lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento durante la vigencia de la actividad.

Adaptaciones

Tan sencillo objetivo ha tenido un largo y complejo recorrido no exento de polémica. La adaptación a la directiva europea ha requerido de una norma estatal que marcaba las pautas para su transposición a las leyes españolas, que se conoció como 'ley paraguas', y otra de carácter horizontal donde se especifica las 116 normativas estatales, entre ellas 47 leyes, que han debido de modificarse y que se ha llamado 'ley ómnibus'. Esta transposición de la directiva europea ha sido parcial en España, ateniéndose a sus peculiaridades y en su tramitación parlamentaria se ha visto sujeta a incluir matices para no levantar muchas susceptibilidades en tiempos de crisis.

Dos de los sectores que más polémica montaron fueron los colegios profesionales, que veían recortadas sus prerrogativas, entre ellas la orientación de honorarios de sus colegiados, y los taxistas. Estos protagonizaron protestas contra la liberalización del servicio de alquiler de coches con conductor (que no incluye a los taxistas), cuya licencia podía servir para todo el territorio español y que finalmente se cayó durante el trámite de la ley en el Senado.

Como si se tratara de una muñeca rusa, esta transposición de las leyes españolas a la directiva europea para la liberalización del sector servicios incluye cambios en las normas autonómicas y locales en consonancia con la ley 'ómnibus' estatal y de acuerdo con las competencias transferidas. A tal propósito, el Consejo de Gobierno andaluz aprobó el pasado día 22 un decreto ley por el que se modificaban 16 normas y 116 disposiciones autonómicas que afectan a actividades de áreas como comercio, turismo, cultura, medio ambiente, salud, juegos y carreteras, entre otras.

Este decreto 'ómnibus', que en el futuro se convertirá en ley por vía parlamentaria, afecta especialmente al comercio por la repercusión que este sector tiene en la economía andaluza: con el 16% de la actividad de empleo en la Comunidad y el 12% del PIB andaluz, recordó el consejero de Comercio, Turismo y Deporte, Luciano Alonso.

Liberalización a medias

Es también el sector en el que su adaptación a la liberalización auspiciada por la directiva europea se ha llevado a cabo en España con mayor disparidad de criterios. Frente a la liberalización total del sector propugnada por la Comunidad de Madrid, en Cataluña defienden un control exhaustivo de las superficies comerciales.

Andalucía ha optado por un sistema intermedio. Liberaliza todo el comercio de superficies inferiores a 2.500 metros y se reserva la potestad de decidir sobre la ubicación del resto a través de un nuevo plan de establecimientos que no se regirá por criterios de oferta y demanda como hasta ahora, sino por otros territoriales, urbanísticos y medioambientales, como se explicó el pasado día 23 en este periódico. Esta planificación ligada a la autorización previa es lo que se ha modificado de la Ley del Comercio Interior de Andalucía. Además, para responder al espíritu de la directiva europea de la ventanilla única, la Junta cede a los ayuntamientos las actuales licencias comerciales para superficies minoristas incluidas las mayores de 2.500 metros.

La ley de Ferias Comerciales Oficiales también será cambiada al desaparecer la autorización previa para la celebración de estos eventos y suprimirse el requisito de aprobación por parte de la Junta de los estatutos de las instituciones feriales. Estas tampoco tendrán la exclusividad de organizar ferias oficiales, dando así entrada a posibles organizadores de otros países del ámbito europeo.

La eliminación de requisitos afecta también a la Ley del Comercio Ambulante, ya que no será imprescindible inscribirse en el Registro General de Comerciantes Ambulantes y para ejercer la actividad sólo es necesaria una autorización municipal. La inscripción en el registro será voluntaria, pero puede llevar aparejada incentivos.

Especialmente importante para acortar el tiempo de espera es el cambio que experimenta la Ley del Turismo, ya que se sustituye la autorización previa por una declaración responsable del titular que desee montar una actividad turística, sea una casa rural o una agencia de viajes.

Es el mismo cambio que afecta a la Ley de Museos y Colecciones Museográficas. En la actualidad para disolver un museo privado por cualquier razón se necesita una autorización previa de la Junta. A partir de ahora sólo hará falta notificarlo a la Administración con una declaración responsable indicando fecha de extinción, destino de los bienes y medidas de seguridad, para garantizar su protección y conservación. Igual criterio se seguirá para mover fondos del museo a otro o a una exposición.

Requisitos discriminatorios

La misma fórmula de comunicación que sirve para la instalación, fuera de dominio público, de rótulos publicitarios junto a las carreteras, por lo que también la Ley de Carreteras de Andalucía se verá tocada. Los interesados deberán, no obstante, presentar la comunicación un mes antes de que proyecten instalar el rótulo.

La Ley de Fomento de las Energías renovables y del Ahorro y Eficiencia Energética de Andalucía contempla el control administrativo de los organismos colaboradores. Estos sólo tendrán que realizar una comunicación igual que los que instalan rótulos en las carreteras. Ahora bien, deberán acreditar un seguro de responsabilidad civil.

Tampoco se requerirá autorización previa para la celebración de loterías, rifas o tómbolas por motivos promocionales o de publicidad, por lo que se reforma la Ley de Juego y Apuestas en este sentido. De la Ley de Farmacia se suprime el número mínimo de farmacéuticos que se exigía a los almacenes mayoristas de distribución de medicamentos y se pide la presencia de un sólo farmacéutico durante el horario de actividad del almacén.

La eliminación de requisitos incluye los que implican discriminación con el fin de no entorpecer la libre circulación de profesionales europeos. Varias leyes andaluzas exigen la nacionalidad española para determinados trabajos, lo que será eliminado de sus respectivos textos. Es el caso de la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, de forma que a partir de ahora las universidades y otras instituciones científicas europeas puedan presentar solicitudes de prospecciones arqueológicas en la comunidad autónoma. Las mismas exigencias de nacionalidad española serán eliminadas de las leyes Forestal de Andalucía y de la Flora y Fauna Silvestre para que tampoco exista discriminación por razones de nacionalidad entre las personas que trabajen en los montes y espacios naturales públicos.

El sector servicios es el de mayor importancia cuantitativa por su peso en el PIB (67,5% del andaluz) y el empleo (66,9%) y de él depende el crecimiento económico.