Llamamiento real

El tradicional mensaje navideño del Rey, difundido por primera vez por la radiotelevisión pública vasca en un gesto de respeto y normalidad institucionales, proyectó las preocupaciones que inquietan en estos momentos a buena parte de la sociedad española. Preocupaciones que tienen que ver, fundamentalmente, con el deterioro del bienestar económico derivado de la crisis y la angustia por el incremento del paro, pero también con la imposibilidad o la renuncia de las fuerzas políticas a procurar consensos ante desafíos que conciernen al Estado por encima de las legítimas diferencias partidarias. Don Juan Carlos radiografió certeramente los principales problemas que aquejan a los ciudadanos; instó a «redoblar esfuerzos» para que nuestro país retorne a la senda del crecimiento y vuelva a crear empleo; y reclamó expresamente «mucho sentido de Estado» tanto al gobernar como al ejercer la oposición para que prevalezca el bien colectivo sobre «egoísmos particulares». Fiel a las delimitaciones de su papel constitucional, el Jefe del Estado se abstuvo en su discurso de Nochebuena de explicitar crítica alguna. Pero el recordatorio de sus palabras del año pasado, cuando ya dijo que la salida de la crisis exige del trabajo de todos «en la misma dirección», y su renovada apelación a los grandes consensos comunes -con aspectos concretos como la defensa de «un gran acuerdo nacional» en materia de Educación- interpela de tal manera a dirigentes institucionales y partidarios que éstos difícilmente pueden escabullirse de sus respectivas responsabilidades. Aunque en sus reacciones al mensaje real trataran de hacerlo bien recurriendo a fórmulas manidas de aplauso o crítica, bien interpretando que es el adversario político el que debe sentirse señalado o conminado. Como no podía ser de otro modo, Don Juan Carlos sumó a su llamamiento al consenso a las comunidades autónomas y reivindicó la Constitución como marco de estabilidad y de convivencia democrática en la diversidad. Su petición para preservar la independencia de las instituciones emanadas de la Norma Fundamental no debería entenderse sólo en el viciado contexto sobre el futuro del Estatuto de Cataluña, sino como un requerimiento ineludible para el correcto funcionamiento del Estado constitucional.