El Sáhara no es Marruecos

Con motivo de la vuelta de Aminatou Haidar al Aaiun, tras el levantamiento del veto de Marruecos, el Gobierno de España ha emitido una nota de prensa, todo parece indicar que como condición impuesta por Mohamed VI, en la que tras expresar halagos mas que dudosos al monarca alauita, se dice textualmente que «España constata que la Ley marroquí se aplica en el territorio del Sahara Occidental».

La vicepresidenta del Gobierno defendió la oportunidad de la frase a pesar de su calculada ambigüedad, porque según ella «lo único que hace es constatar algo que está en las resoluciones (de la ONU), que en tanto no se solucione el conflicto, es la Ley marroquí la que rige allí». Por su parte, el embajador de Marruecos en España, Omar Azziman, ha afirmado que la postura del Gobierno español, al admitir que la Ley marroquí es la que impera en el Sahara Occidental, representa un reconocimiento de que la ex colonia no es un territorio ocupado, sino que está bajo dominio del reino Alauí. Cabe preguntarse pues, cual es el actual status jurídico del antiguo Sahara Español.

La respuesta la tenemos en el Informe de la Secretaría de Asuntos Jurídicos del Consejo de Seguridad de la ONU, de 29 de enero de 2002, en el que se analiza la actual condición jurídica del Sahara Occidental. En 1963 la ONU incluyó al Sahara dentro de la lista de Territorios no Autónomos con arreglo a lo establecido en la Carta de las Naciones Unidas, a los que es de aplicación la Resolución 1514 de la Asamblea General, sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, donde España como Potencia administradora tenia determinadas obligaciones, entre las que se encontraba proceder a su descolonización.

España suscribió el muy criticado Acuerdo de Madrid de 1975, en el que se declaraba en su apartado segundo que, como potencia administradora y en uso de sus facultades y responsabilidades «España procederá de inmediato a instituir una Administración temporal en el territorio en la que participarán Marruecos y Mauritania en colaboración con la Yemaá». Tras la retirada de Mauritania, Marruecos ha venido administrando el territorio del Sahara Occidental por si solo.

Lo trascendente del Informe de la Secretaria de Asuntos Jurídicos de 29 de enero de 2002 es que, después de analizar los antecedentes expuestos declara que «El Acuerdo de Madrid no transfirió la soberanía sobre el territorio, ni confirió a ninguno de los signatarios la condición de potencia administradora, condición que España, por sí sola, no podía haber transferido unilateralmente». De hecho, en el apartado tercero del Acuerdo de Madrid se declaraba, y Marruecos como parte signataria aceptaba, que «Será respetada la opinión de la población saharaui, expresada a través de la Yemaá».

Por lo tanto, según la ONU, Marruecos ni ostenta la soberanía del Sahara Occidental, ni es potencia administradora del mismo, sino simplemente potencia ocupante, es decir, Marruecos ocupa de hecho el Sahara Occidental, pero sin titulo jurídico suficiente. En ese sentido, la resolución de la Asamblea General 34/37, de 21 de noviembre de 1979, en su parte dispositiva califica tres veces como ocupación la presencia marroquí en el Sahara Occidental, y de la misma manera se pronuncia la resolución 35/19, de 11 de diciembre de 1980. De lo anterior puede concluirse que la única calificación de la presencia de Marruecos en el Sahara que se contiene en las resoluciones de las Naciones Unidas es la de Potencia ocupante, Marruecos no está incluida dentro de la lista de la ONU de potencias administradoras. Por ello se puede afirmar que España sigue siendo aún, la Potencia administradora del territorio, si no 'de facto', sí de 'iure'.

Así las cosas, no alcanzo a entender como afirma la vicepresidenta del Gobierno que la aplicación de la Ley marroquí en el Sahara es consecuencia de las resoluciones de la ONU, ni tampoco comprendo porque el embajador de Marruecos afirma que España no considera al Sahara como territorio ocupado, cuando es evidente que así lo declara la ONU y nuestro Gobierno no deja de proclamar que su política exterior se basa en la legalidad internacional, aunque a veces, los hechos lo desmientan.

Me hubiera gustado que la declaración de María Teresa Fernández de la Vega hubiera sido menos ambigua y mas escrupulosa con la doctrina de la ONU con respecto al Sahara, y que España, en vez de constatar la aplicación, sin base jurídica valida, de la Ley marroquí en el Sahara Occidental, hubiera constatado la vigencia de la legalidad internacional en el Territorio ocupado, todo ello, sin olvidar la efectiva aplicación de los derechos humanos a los ciudadanos saharauis.