Seis meses para volver a empezar

Una demora de seis meses. ¿Qué son ahora para los diez años que lleva la Bahía esperando este proyecto? El presidente de la Diputación, Francisco González Cabaña, calculaba ayer que ese sería el plazo para «volver a un nuevo punto de partida». Seis meses en los que se debe cerrar el informe de la Abogacía del Estado, encargado por la Junta para ver qué condicionamientos tiene el suelo puertorrealeño y qué cambios habrá que hacer sobre el proyecto inicial. Esa es la base para un nuevo acuerdo del Consejo de Ministros.

Posiblemente habrá que hacer un estudio de Declaración de Impacto Ambiental, lo que posiblemente lleve más de medio año dado lo dilatado de estos procedimientos. Pero éste no es el único obstáculo que tendrá que salvar el parque de la Bahía, en el que se han comprometido más de 30.000 puestos de trabajo, según la previsión de la Junta. Aún queda por resolver el trato con sus anteriores concesionarios a ojos de la actual Ley de Costas, propietarios, según la anterior norma que regía cuando se hicieron con estos terrenos.

Guerra en los tribunales

De hecho, el primer varapalo llegó en marzo de 2008 cuando la Administración autonómica expropió 120 hectáreas para este polígono. Los dueños iniciaron en una guerra de precios que se ha llevado a los juzgados en incontables ocasiones y finalmente fue el Tribunal Superior de Justicia el que dio por nulo el plan en el que se fundamentaban las enajenaciones.

La Junta no se dio por vencida, recurrió al Supremo, pero el fallo en uno de los procesos terminó con un rosario de sentencias firmes que devolvían los terrenos a sus anteriores propietarios, por lo que este verano tocaba cambiar de estrategia. Se volvió a retomar el sistema de justiprecios y el caso vuelve ahora a los tribunales ante la negativa de los dueños a aceptar las condiciones del Gobierno regional.

Todo esto ha retrasado en numerosas ocasiones el plan de salvación de la Bahía. Pero finalmente las máquinas entraron y hace tres meses se volvieron a parar. Una vez llevado los materiales para empezar a construir, el Consejo Económico y Social invitado ayer a Punto Radio no se resignan a dejarlo en el olvido. Por eso el presidente de la Diputación se marca esos plazos.

Posibilidad de desafectación

El cambio de calificación de esos terrenos eliminaría de un plumazo todos los problemas y el alcalde de Puerto Real, José Antonio Barroso, ya apeló a ello, pero González Cabaña no lo contempla como la solución más viable. De hecho, aclaró que esa catalogación de dominio público terrestre es lo que mantiene al Ministerio de Economía atado al proyecto y se trata de un órgano financiador. «Tiene que seguir en el proyecto con las modificaciones que haya que hacer».

A través de mensajes de correo electrónico, los oyentes increparon a los invitados porque no se contó con la presencia de ningún grupo ecologista ni ninguna postura en contra del proyecto, una cuestión a la que quisieron responder todos. Tanto el presidente de la Diputación como el representante de CC OO quisieron dejar claro que «nadie es garante de la defensa del medio ambiente».

Pedro Custodio (UGT), por su parte, recordó: «lo primero exigimos los que estamos en esta mesa fueron unas medidas medioambientales: reposición de vías pecuarias, actuaciones en los caños marinos, actuación de zonas verdes y plantación de especies propias del entorno». El presidente de los empresarios también se acordó de otra especie en peligro: «el 'homo sapiens non labora', el parado, al que también hay que darle una solución».