El Ayuntamiento realoja a dos de las cuatro familias afectadas

La delegada de Urbanismo, Cándida Verdier, aseguró ayer que «actualmente no hay prevista ninguna demolición más en el término municipal». Esta frase no sirve de consuelo, ni mucho menos, a los propietarios e inquilinos de las diez unifamiliares reducidas a escombros en la zona de Majadillas Bajas en pleno extrarradio local.

Sin embargo, desde el Consistorio se insiste en que éste es un caso diferente, por cuanto la promoción de las diez viviendas se realizó en su día por parte del promotor «a sabiendas de que no podría venderlas».

La GMU calcula en casi tres millones de euros los «beneficios» que los promotores, la empresa de la familia Tocino, Prefabricados Medina, podrían haber obtenido en el caso de haber vendido en pleno 'boom' inmobiliario los inmuebles.

Además, fuentes municipales se han apresurado a puntualizar que «la demolición de estas casas no interfiere para nada en las negociaciones que el Ayuntamiento y la Plataforma de las Áreas de Gestión Básica llevan a cabo desde hace meses».

Según Verdier, «dar solución a esta situación es el objetivo de las Ordenanzas en las que estamos trabajando. No es éste el caso para el que están pensadas, ya que las casas demolidas ahora no se trataban sino de una promoción para su venta, aprovechando el boom inmobiliario de los últimos años. El constructor, además, sabía perfectamente que no iba a poder venderlas y, a pesar de ello, siguió construyéndolas», recuerda la edil.

El Ayuntamiento de Chiclana matizó ayer además que la próxima reunión con dicha Plataforma de propietarios de viviendas ilegales está prevista para mañana miércoles. Indudablemente, el ambiente estará a partir de ahora más enrarecido entre las partes, pero algunas fuentes creen que bastantes propietarios, reacios hasta ahora a participar en el proceso y a pagar por los servicios de los que carecen desde hace años, podrían cambiar de opinión al ver que las sentencias judiciales de demolición se aplican sin miramientos. De cualquier forma, Urbanismo insiste una y otra vez en que «la regularización sólo se llevará a cabo por parte de los propietarios si éstos así lo quieren.

El proceso de legalización masivo que está a punto de iniciarse en Chiclana beneficiará a más de 15.000 viviendas construidas sin licencia en las dos últimas décadas, y tendrá un desarrollo costoso en tiempo y dinero puesto que afecta a más de 18 millones de metros cuadrados de suelo urbano no consolidado dividido en nueve Áreas de Gestión diferentes, según el actual PGOU.

Desde el Ayuntamiento de Chiclana se apunta por último que «los responsables de la Plataforma han estado puntualmente informados de la situación del derribo Majadillas», y dice que «se les ha facilitado todos los datos que han pedido y conocen perfectamente que se trata de una promoción para especular, que tenía una orden de parar las obras desde hace casi tres años, cuando los trabajos hacía poco habían comenzado».

Realojo de inquilinos

Por otra parte, se da la circunstancia de que desde el pasado viernes las delegaciones municipales de Vivienda y Bienestar Social han venido realizando gestiones al objeto de realojar a las familias que residían desde hacía unos meses en algunas de las viviendas derribadas ayer en el camino Reina Isabel de Portugal en régimen de alquiler.

Así, dos de las cuatro familias que se encontraban en esta situación, y que no tenían medios propios para alojarse por su cuenta o en casa de sus familiares, fueron finalmente trasladados a una vivienda de tutela municipal; todos ellos, incluidos varios menores, podrán pasar así las próximas fiestas navideñas bajo techo.