Los dos grandes partidos lanzan una ofensiva contra la corrupción

Alguna consecuencia positiva debía tener el estallido de los casos de corrupción 'Gürtel' y 'Pretoria' y antes el 'Malaya' o cualquiera de los que han salpicado la vida política en los últimos años; los dos partidos mayoritarios han acometido una ofensiva contra la corrupción, tanto interna como municipal o autonómica. El PP aprueba hoy un Código de Buenas Prácticas para sus dirigentes y cargos públicos; populares y socialistas negocian un acuerdo para poner coto a las corruptelas en los ayuntamientos; y el Congreso y el Senado estudian la difusión pública de las actividades y bienes de los parlamentarios.

El PSOE y el partido opositor saben que la corrupción gangrena sus expectativas electorales por la desafección que despierta entre los ciudadanos, que por primera vez en mucho tiempo sitúan este fenómeno delictivo como uno de los problemas importantes de España. Han decidido pasar de la retórica condenatoria a los hechos. El comité ejecutivo nacional del PP aprobará en su última reunión del año el Código de Buenas Prácticas, redactado bajo la coordinación de la vicesecretaria de Organización, Ana Mato.

El texto es la respuesta de los populares al daño causado en sus filas por el 'caso Gürtel', que se ha llevado por delante al secretario general del partido en la Comunidad Valenciana, ha puesto en el disparadero el futuro político del presidente de la Generalitat de ese mismo territorio y ha llevado al banquillo de los acusados al tesorero del partido, un diputado nacional, ex consejeros y diputados autonómicos de Madrid.

El código gira en torno a dos ejes: la regulación de los regalos que pueden recibir los altos cargos y dirigentes, y reforzar los mecanismos de supervisión de las contrataciones internas. El PP establecerá que los presentes que se puedan recibir no tengan un precio por encima de lo que se entiende como muestra de cortesía ni rebasen los usos sociales. Una frontera de difícil objetivación, pero que impedirá las dádivas de trajes, joyas, viajes o cualquier otro objeto suntuario.

El Gobierno valenciano, la institución más desprestigiada por el caso 'Gürtel', ha dado el primer paso y ha prohibido que altos cargos acepten obsequios como bolsos y complementos de marcas de lujo, jamones y bebidas alcohólicas de alto valor porque van más allá de la mera cortesía.

El documento supervisado por Ana Mato también establece normas para los contratos del partido en la organización de mítines y congresos, un área de trabajo en la que también hizo negocios la trama corrupta que dirigía Francisco Correa. Se trasladan a la vida interna del PP restricciones como las que figuran en la ley de contratos del Estado para que las adjudicaciones se hagan con transparencia y primen las mejores ofertas de empresas con acreditada trayectoria profesional.

La secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, dijo ayer en Toledo que el código es «un compromiso» de su partido «consigo mismo» y sus militantes para «evitar» que se repitan situaciones como las ocasionadas por las relaciones de dirigentes populares con la red 'Gürtel'.

Consistorios

Los populares trabajan también en un segundo frente, esta vez al alimón con los socialistas, para acabar con los casos de corrupción urbanística en los consistorios. Los responsables de Política Municipal del PSOE, Antonio Hernando, y su homólogo en el PP, Juan Manuel Moreno, negocian un pacto para evitar casos como el de la trama 'Pretoria', que salpicó a varios ayuntamientos catalanes gobernados por el Partit dels Socialistes de Catalunya, entre ellos el de Santa Coloma de Gramanet.

El dirigente popular entregó al del PSOE en su reunión de la pasada semana el documento con 50 medidas anticorrupción aprobado por el partido opositor en la asamblea intermunicipal que celebró en noviembre en Barcelona. Ambos volverán a reunirse en enero y decidirán si el acuerdo conlleva una reforma de la ley de Bases de Régimen Local, de la ley de Financiación de los partidos o queda acotado a incluir nuevos tipos delictivos en el Código Penal.

Los dos partidos mayoritarios quieren involucrar en este pacto a la Federación de Municipios y Provincias.