El cuidado de los dependientes gaditanos sigue en manos de las familias

Se han encargado del cuidado de los suyos durante toda la vida. Son las esposas, hijas o nueras que dedican tiempo y esfuerzo a la atención de sus mayores. Fueron educadas en otra época, con valores y cargos de conciencia que hoy cuesta entender. Ahora, mantienen el peso de la dependencia dentro de los hogares. La ley, aprobada por unanimidad hace tres años, venía a cambiar esta realidad perpetuada durante décadas.

El texto habla de modernos recursos que favorecen la autonomía del beneficiario y mejoran su calidad de vida. A los cuidadores también les reconoce su labor con un alta laboral de la Seguridad Social. Según datos del desarrollo de la norma en la provincia, la percepción de la mayoría de los solicitantes es la posibilidad de obtener una 'paguita' que suman a la pensión del mayor , o en ocasiones, a los ingresos del familiar. La mitad de los gaditanos prefieren el dinero a cualquier otro servicio. Esa ha sido la elección de los casi 12.000 dependientes que han recibido la ayuda económica para la atención en el domicilio.

Esta situación se repite en toda España, y Andalucía -modelo de aplicación de la norma- no es la excepción. La dirección que está tomando no sigue los objetivos con los que nació. Esta ayuda al cuidador familiar es un recurso excepcional para realizar una adaptación a la vivienda o para proporcionarle una atención que el resto de servicios no contempla.

Una salida

La tendencia se repite desde que se aprobaron las primeras prestaciones y la crisis sólo ha venido a consolidarla. Carmen Almadema conoce la situación de primera mano. Es jefa de programas de mayores del Ayuntamiento de Cádiz y trabaja directamente con las familias. Cuenta que cuando empiezan con el papeleo sólo piensan en pedir la ayuda económica. «Nuestra tarea es informarles y aconsejarles que el recurso más adecuado no siempre es el dinero», reconoce.

El aumento del paro y la falta de perspectivas laborales han puesto a los hogares en situaciones límite. En algunas ocasiones, la pensión del anciano es el único ingreso que entra en la casa. «Pero la Ley de Dependencia no nació para hacer favores ni solucionar la crisis», explica la técnico municipal. Carmen se pone seria con este asunto e insiste en que «nunca se prescribe un recurso que no es idóneo a pesar de la decisión del cuidador». En la capital se han concedido 917 pagas familiares frente a las 376 de ayuda a domicilio y las 225 de residencia. Todas son incompatibles entre sí, por lo que el beneficiario sólo puede acceder a una de ellas.

La experiencia de Margarita Castilla, trabajadora social del Ayuntamiento de Chiclana, es parecida. Confía en que este desvío de la norma sea sólo al principio y, poco a poco, se vayan extendiendo el resto de prestaciones. De momento, se repite la tendencia. Margarita explica que la ayuda económica es a lo que están más acostumbrados. «No es sólo por coger el dinero, a muchas hijos les cuesta trabajo asumir que otra persona ajena colabore en el cuidado de su familiar». Ven los centros de día como una guardería sin reparar en los beneficios que pueden suponer para la mejora de su calidad de vida.

En el caso de la residencia, otros sienten que lo están abandonando. «La tradición sigue muy arraigada en nuestra provincia, especialmente en las zonas rurales. Aún es difícil asumirlo; sin embargo, la plaza en geriátrico es la segunda opción más demandada en nuestro municipio», aclara la trabajadora social.

La situación cambia cuando el dependiente necesita cuidados especiales por alguna patología. Es el caso de los enfermos de alzhéimer. Roberto Suárez, director técnico de la unidad de día AFA Vitae de San Fernando, asegura que son ellos los principales beneficiarios de estos recursos y no siempre acuden a centros específicos.

La crisis sí ha sido determinante para estos dispositivos y tiene conocimiento de que muchos han sacado a sus familiares para tenerlos en casa y cambiar la plaza por la prestación económica. «Entendemos que hay situaciones complicadas, pero para el afectado resulta perjudicial porque parte de su tratamiento es la estimulación cognitiva». El especialista asegura que también se dan casos contrarios: Pacientes que han permanecido en casa porque se encontraban bien al cuidado de sus familias y luego son éstas las que solicitan el centro cuando es demasiado tarde.

Roberto Suárez considera fundamental un reajuste de la ley para que prime más el consejo del que realiza la valoración que la decisión del familiar y con toda probabilidad los tiros irán por ahí con el fin de devolver a la norma al camino para la que fue ideada.