Urbanismo afronta el derribo de Majadillas pese al rechazo vecinal

Segundo intento. El dispositivo de maquinaria pesada, Guardia Civil y Policía Local volverá a ponerse en marcha, de forma «inminente», para completar el derribo de la promoción de diez viviendas en Majadillas Bajas, después de que el pasado viernes la oposición masiva de unos 200 propietarios y vecinos de la zona consiguiese retrasar lo inevitable.

El Ayuntamiento de Chiclana pretende cumplir así y lo antes posible el dictamen judicial de 2007 que ordenaba a su promotor, Antonio Tocino, derribar los inmuebles y evitar un precedente muy peligroso.

El Consistorio se hizo cargo de forma subsidiaria de la demolición en 2008 al no ejecutar la promotora los trabajos para reducir a escombros la decena de unifamiliares levantadas en la calle Reina Isabel de Portugal.

Tras recibir la autorización para entrar en los domicilios el pasado 13 de noviembre, esta polémica demolición ya no tiene marcha atrás. El juzgado de lo Contencioso-Administrativo 3 de Cádiz -que ha llevado el caso- ha dado como fecha tope para tirar las viviendas el próximo 26 de diciembre. Si el Ayuntamiento no realizara estas labores en dicho plazo podría suponerle a la administración una sanción por prevaricación. En los últimos días, y tal y como ya adelantó el pasado sábado LA VOZ, fuentes municipales han confirmado que el constructor de las diez casas de Majadillas conocía la apertura de un expediente sancionador por parte de la Gerencia Municipal Urbanismo.

Siguieron con las obras

Pese a ello, y según insisten desde el Consistorio, la empresa promotora propiedad de la familia Tocino, Prefabricados Medina, «siguió con las obras, y, luego, una vez terminadas las casas, cedió algunas a sus propios familiares y alquiló otras sin informar a los inquilinos de las circunstancias» de derribo a las que se enfrentaban. Según el Ayuntamiento de Chiclana, desde el 26 de octubre de este año el promotor tenía conocimiento además de que la ejecución sería inminente.

Las diez viviendas, de 400 metros cuadrados y con una estructura y diseño interior idénticos, conforman una urbanización privada dentro de una calle de nueva creación en un parcela de 4.700 metros cuadrados situada entre el callejón de los Frailes y el callejón Huerta del Rosario.

Su expediente de restablecimiento de la legalidad urbanística por carecer de licencia se remonta a febrero de 2007, cuando los inspectores de la Gerencia municipal de Urbanismo denunciaron por primera vez las obras.

Los propietarios quebrantaron hasta en seis ocasiones el precinto policial ordenado por Urbanismo y finalizaron las obras de las viviendas pese a conocer la orden de demolición dictada sobre ellas.