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Un problema de orden público
La falta de conciencia de los propietarios y el escaso control de la administración durante años lastran el desarrollo de Chiclana El derribo de Majadillas reabre el debate sobre las viviendas ilegales
CHICLANA. Actualizado: GuardarAntonio Tocino y sus hijos sabían que allí había negocio. Propietarios de una parcela rústica en Majadillas, hace tres años proyectaron una promoción de diez viviendas -todas iguales- destinadas a su venta en pleno 'boom' inmobiliario. Lo que no habían previsto, «porque hay miles de casas iguales», era que Urbanismo precintara y paralizara su edificación. Y menos, que el pasado viernes la piqueta amenazara sus viviendas con una orden judicial de derribo.
Ahora, se enfrentan a «una deuda de 240 millones de pesetas de hipoteca», aseguran. Sin reparar en el expediente incoado el 15 de febrero de 2007, la promotora familiar Prefabricados Medina, siguió trabajando a marchas forzadas para concluir las casas. El resultado: a la vista. En medio de la nada, entre el Callejón de los Frailes y el Huerta del Rosario, estos promotores urbanísticos con negocios de hostelería levantaron sus unifamiliares con jardín y crearon una calle particular sin permiso. Su caso, idéntico a otros muchos en Chiclana, lastran ahora el desarrollo de la ciudad, y reabren el debate sobre los culpables del caos urbanístico local.
¿Quién es el culpable?
Los factores son diversos. Por un lado está el poco control que el Ayuntamiento ha tenido sobre miles de edificaciones, lo que ha extendido el problema; y por otro, que esa misma levedad de sanciones ha reforzado la conciencia de muchos chiclaneros que se autoconvencen: «esta parcela es mía y nadie me tirará mi casa». Pese a la polémica, el procedimiento judicial para derribar los diez unifamiliares de la familia Tocino es irreversible, y su final es sólo cuestión de tiempo. La orden del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Cádiz es firme, e incluso, el pasado viernes el Ayuntamiento comprobó que el recurso presentado por los propietarios como último cartucho para evitar la demolición no había prosperado.
Frente a la demagogia fácil y victimista, siempre hay voces que sorprenden. Una de ellas es la de la Plataforma contra las Ordenanzas, que tras descubrir que la familia Tocino había alquilado viviendas sin informar a sus moradores del inminente derribo, les increparon; «nosotros venimos a defender a propietarios, no a promotores». Una frase que puede resumir el enfrentamiento abierto que existe entre quien construyó con sus manos su hogar y quien hizo negocio con el ladrillo.