La vicepresidenta De la Vega, tras el Consejo de Ministros. :: EFE
ESPAÑA

El Gobierno admite sus limitaciones diplomáticas

El Polisario reprocha a España que otorgue validez a las leyes marroquíes sobre la ex colonia

MADRID. Actualizado: Guardar
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España habría tenido «muy difícil» resolver por sí sola el 'caso Haidar'. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, reconoció ayer que la capacidad de influencia del gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero sobre Marruecos es demasiado limitada como para abordar por su cuenta y riesgo una crisis como la generada por la expulsión a Lanzarote de la activista saharaui. Pero el ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, alegó desde Bruselas que lo importante es que todo se ha gestionado de modo que las autoridades marroquíes han acabado permitiendo su regreso a El Aaiún. «Creo que es un ejemplo de cómo hay que llevar las negociaciones para un asunto complejo», presumió.

El canciller español defendió que haber tenido que recurrir a EE UU, y sobre todo a Francia, no debería merecer críticas. Sólo evidencia, dijo, que «los tres grandes países que tienen intereses y capacidad (en la región) trabajan de forma coordinada». Tampoco admite el Gobierno que se le reproche su impotencia para poner freno a lo que algún miembro del gabinete Zapatero ha calificado llanamente de «deportación», ni haber accedido a afirmar por escrito que «la ley marroquí se aplica en el Sáhara Occidental»; tanto como reconocer soberanía de Marruecos sobre la ex colonia española.

Fernández de la Vega adujo que semejante fórmula sólo constata lo que ya está en las resoluciones de la ONU: que «hasta que no se solucione este conflicto» es el reino alauí el que ejerce como potencia administradora. En realidad, ésa es una posición que mantiene el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero desde hace tiempo, pero que supone un cambio respecto a la tradicional perspectiva de España sobre la materia.

Las resoluciones de la ONU siempre han considerado el Sáhara un territorio ocupado. Y el Polisario recordó ayer que, tanto el Tribunal de La Haya como el subsecretario general de Naciones Unidas, y consejero jurídico del organismo, Hans Corell, dictaminaron en su día que ni Marruecos tiene autoridad sobre la zona ni el Acuerdo de Madrid de 1975 se la transfirió ni tampoco España podía habérsela otorgado de modo unilateral.

El giro dado por Zapatero a la posición española sobre el Sáhara obedece en buena medida a su especial empeño en mantener buenas relaciones con el país vecino. Siempre ha sido una de las prioridades de su política exterior. Y durante esta crisis ha mantenido con insistencia que había que preservar las relaciones bilaterales, se ha negado a presionar con la negociación del acuerdo de asociación de la UE y tampoco ha querido hacer gestos enérgicos de enfado como la retirada del embajador en Rabat.

El presidente del Gobierno se felicitó en Copenhague del resultado de las gestiones realizadas y felicitó a Moratinos por su trabajo. «Era difícil mantener dos objetivos, preservar la vida de Aminatu Haidar y además conseguir que regresara a El Aaiún, y se ha logrado», valoró. Fuentes gubernamentales aseguran, aún así, que después de este incidente -y, sobre todo, después de que Marruecos se saltara a la torera el rechazo de Moratinos a la expulsión de Haidar- habrá que «restaurar» los lazos con los «amigos» del sur.

Lo cierto es que, de momento, la postura del Ejecutivo sigue siendo ampliamente conciliadora hacia el reino de Mohamed VI.