«No pensamos irnos de aquí; que ni siquiera se les ocurra llamar a mi puerta»

La historia del tercer y multitudinario derribo de viviendas ilegales que tendrá lugar en Chiclana en toda su historia (con más de 15.000 edificaciones sin licencia en todo su territorio), no empezó ayer. El origen del problema de la decena de inmuebles levantados en Majadillas Bajas por la promotora Prefabricados Medina, propiedad de Antonio Tocino, sus hijos y su yerno, se remonta a 2007, cuando Urbanismo inició los expedientes sancionadores.

Ya en un periodo más reciente, el 19 de junio de 2008, el Ayuntamiento de Chiclana decretó la demolición subsidiaria, obligado por el juzgado número 3 de Cádiz; este derribo forzoso tiene como fecha tope para ejecutarse el próximo sábado 26 de diciembre.

Es por ello, que ayer la empresa contratada por la administración local debía hacer ayer su trabajo sin dilación. Pero, durante nueve largas horas, estas labores estuvieron en el aire. Entre las 8 y las 17 horas pasó absolutamente de todo en la calle Reina Isabel de Portugal. Varias trombas de agua descargaron con fuerza sobre vecinos, propietarios, promotores y medios de comunicación que se agolpaban en la zona.

Relación con Obra Nueva

Al mediodía, y en medio de un impás de espera eterno mientras Urbanismo decidía si continuaba o no con el derribo de los inmuebles, la familia Tocino incluso tuvo tiempo de comprar viandas y bebidas, que como si se tratase de una jornada festiva degustaron todos los presentes.

Se da la circunstancia de que existe una diligencia judicial abierta contra el administrador de la empresa promotora de las diez viviendas de Majadillas Bajas, Prefabricados Medina, así como contra un arquitecto vinculado con él, por supuesta relación con la 'operación Obra Nueva' destapada por la Fiscalía en Chiclana hace dos años por un presunto delito de falsedad documental.

Mientras, el Ayuntamiento seguía con sus gestiones. Para confirmar que el recurso presentado el 11 de diciembre por el abogado de los propietarios (cuyo nombre y teléfono no quisieron facilitar), no había surtido efecto, los responsables municipales esperaron hasta que las 14,25 horas. A esa hora, el juzgado de Cádiz que dictó el derribo dio luz verde de nuevo a la operación. En unos minutos, el alcalde, José María Román, firmó el decreto de demolición. La historia estaba cerca de su final. A las 16 horas la policía tomó posiciones, y la maquinaria buscaba un hueco para iniciar el derribo. Apenas 60 minutos después, y en medio de una situación que estaba por aquel entonces a punto de descontrolarse, la demolición se suspendía.