El caos organizativo y la actuación policial empañan la cumbre de Copenhague

La cumbre sobre cambio climático de Copenhague, en la que han participado 119 jefes de Estado y de Gobierno con una concurrencia sin precedentes, ha quedado marcada, al margen de acuerdos y desacuerdos, por el caos organizativo y una férrea actuación policial para frenar las protestas. La decisión de la ONU, responsable principal de la conferencia, de permitir la acreditación de 46.000 personas en el palacio de congresos Bella Center, tres veces más que el aforo del escenario de la cumbre, provocó durante varios días un colapso de los accesos que dejó mal parada su capacidad organizativa.

La avalancha de nuevos asistentes a principios de esta semana, coincidiendo con la llegada de representantes ministeriales de los 192 países participantes, provocó el caos, con miles de personas haciendo cola durante más de ocho horas a temperaturas próximas a los cero grados y sin poder acceder al recinto. La ONU rectificó y decidió limitar el acceso mediante cuotas a las organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales, que acapararon un tercio del total de acreditados, lo que contribuyó a aliviar la situación en los días siguientes.

Pero los graves problemas organizativos hicieron que el secretario ejecutivo de la cumbre y portavoz de cambio climático de la ONU, Yvo de Boer, asumiera públicamente los errores y pidiera disculpas, mientras las autoridades danesas negaban cualquier tipo de responsabilidad en el colapso.

Críticas al Gobierno danés

Peor parado ha salido en cambio el Gobierno danés en el aspecto de la seguridad y en el uso masivo de las detenciones preventivas de más de 1.500 personas, la mayoría liberadas después a las pocas horas, en una cumbre en la que no habido enfrentamientos violentos graves ni disturbios equiparables a otras citas de este nivel. El Ejecutivo danés había aprobado un mes antes del inicio de la cita una partida de 84 millones de euros para medidas de seguridad y nuevas competencias para la Policía, incluyendo aumentos considerables de las penas, una iniciativa bautizada por el ministro de Justicia, Brian Mikkelsen, como paquete legal "para maleantes".

Mikkelsen mostró su apoyo total a la actuación policial un día después de la gran manifestación del día 12, en la que hubo más de 1.200 detenidos, muchos de los cuales permanecieron esposados en fila durante horas y sentados sobre el helado asfalto para ser liberados sin cargo alguno poco después. Las justificaciones de Mikkelsen acerca de que la acción policial había impedido que Copenhague acabara "en llamas", como había ocurrido con otras ciudades escenario de cumbres, no han evitado las fuertes críticas de ONG, grupos de activistas y organizaciones como Amnistía Internacional.

El mayor dispositivo de seguridad en la historia reciente de Dinamarca, con más de 6.500 agentes movilizados, no ha podido evitar una acción simbólica, pero de consecuencias aún más graves para la imagen del país. Anoche, dos activistas de Greenpeace vestidos de gala burlaron la seguridad y desplegaron una pancarta reivindicativa ante las cámaras, mientras la reina Margarita II ofrecía una cena en honor de los jefes de Estado y de Gobierno presentes en la cumbre, en un incidente que ha puesto en jaque a las autoridades policiales.