Financiación aprobada

La accidentada votación por la que fue aprobada ayer en el Congreso la nueva Ley Orgánica de Financiación Autonómica acabó siendo involuntariamente muy ilustrativa de las tensiones y trompicones con que el Gobierno sacó adelante en julio un modelo cuya actualización resultaba insoslayable, máxime ante las estrecheces en sus ingresos que han tenido que afrontar las comunidades por efecto de la crisis; pero que no ha logrado aunar voluntades políticas e institucionales en un escenario económico, además, aún incierto, lo que no permite dar por segura hoy por hoy ni la efectividad de la nueva fórmula de reparto de fondos, ni su valor como instrumento de cohesión y equidad territorial. El regocijo con que el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero saludó ayer el apoyo por error a la ley del PNV y, sobre todo, de CiU -lo que le permitió sacar la iniciativa adelante con una mayoría menos exigua- no se corresponde con el decepcionante modo en que se llevó a cabo la negociación con las autonomías de régimen común (todas menos el País Vasco y Navarra); y tampoco con la desafección que la misma provocó en parte de los gobiernos concernidos, aun cuando todos vayan a sumarse al sistema. Un sistema que deberá encajarse partiendo de que se pactó condicionado por los criterios establecidos en el Estatuto catalán, cuando éste aún está pendiente de que se resuelvan los recursos presentados en el Constitucional, y cuya articulación ha de seguir combinándose con la singularidad fiscal vasca y navarra. En este sentido, el blindaje de las normas tributarias emanadas de las diputaciones vascas refrendado también ayer por el Congreso, unido al desacuerdo al que ha dado lugar entre el PSOE y el PP, introduce un elemento sobrevenido de distorsión por el rechazo que ha suscitado en las autonomías limítrofes y por las dudas de constitucionalidad que despierta la iniciativa. Pero en cualquier caso y al margen de la propia definición de nuevo modelo, será la prolongación de la crisis en España, con un Estado que afronta el desafío de un déficit y una deuda crecientes, la que medirá la capacidad de la nueva financiación para asegurar los equilibrios financieros y la suficiencia territorial.