Más de 200 personas logran impedir el derribo de las viviendas ilegales de Chiclana
Sobre las 16.00 horas de esta tarde comenzaron los trabajos para tirar los inmuebles que finalmente siguen en pie
CHICLANA. Actualizado: GuardarContra todo pronóstico y a pesar de que el Ayuntamiento anunciara el aplazamiento del derribo de las viviendas ilegales de Chiclana por un problema administrativo, a las 16.00 horas de esta tarde comenzaron las tareas para tirar los inmuebles. Unos trabajos que más de 200 vecinos han logrado detener tras congregarse en la zona, conocida como Majadillas Bajas.
El lunes es posible que la empresa encargada del derribo regrese a la zona para llevar a cabo su cometido. Para entonces, se deberá reforzar la seguridad ya que esta tarde el dispositivo desplegado ha sido insuficiente ante el número de personas movilizadas en la zona.
Todas las viviendas pertenecen a una misma promoción inmobiliaria, levantada hace algo menos de tres años en la zona conocida como Majadillas Bajas de la ciudad, a pocos metros del IES Fernando Quiñones, en la calle Reina Isabel de Portugal.
Se da la circunstancia de que algunas de estos inmuebles están en estos momentos ocupadas por sus propietarios, que según ha podido saber este medio, son familiares del constructor que las levantó en plena época del 'boom' del ladrillo en la ciudad.
Estos derribos tienen una larga historia tras de sí. El procedimiento empezó hace años con una denuncia por parte de los técnicos de la Gerencia de Urbanismo, que les incoaron expediente tras descubrir que se estaban construyendo sin ningún tipo de permisos. A partir de ahí el proceso llegó al juzgado, que ordenó su derribo al promotor de las mismas, algo que éste no llevo a cabo. Meses después ha sido el propio juzgado el que ha conminado al Ayuntamiento de Chiclana a que ejecute de forma subsidiaria las demoliciones de la decena de viviendas.
La promoción que será reducida a escombros se encuentra ubicada en suelo calificado como urbanizable no sectorizado, y tiene orden firmada de derribo a fecha de septiembre de 2008, durante la etapa del anterior Gobierno municipal cuatripartito.
Antes de la orden de paralización, a la zona se habían desplazado esta mañana varias dotaciones de la Guardia Civil y distintos técnicos de la GMU y del juzgado, a efectos de controlar las posibles situaciones de tensión que pudieran producirse durante los trabajos, y para confirmar que en efecto éstos se realizaban íntegramente. Medio centenar de vecinos, todos familiares, les observaban atentos.
Los encargados
La maquinaria y operarios de la empresa especializada Derribos Aragón será la encargada de ejecutar los trabajos, tras haber sido contratada por el Consistorio. Este derribo masivo, el más importante en cuanto a número y repercusión de cuantos se han llevado a cabo hasta el momento en la ciudad, supondrá el tercero que se realiza en el término municipal chiclanero este año 2009.
El primero de ellos tuvo lugar el pasado mes de marzo, cuando en circunstancias parecidas la administración local ordenó la demolición de una vivienda en Majada de los Chivos, cerca de la zona de Bateria Colorá. La vivienda en cuestión, una unifamiliar construida en 2006 y expedientada ese mismo año, era propiedad de una familia de Medina Sidonia.
La segunda de las ejecuciones contra viviendas edificadas al margen del control urbanístico en Chiclana se realizó el pasado mes de noviembre. En este caso la vivienda arrastraba un expediente de derribo desde hacía varios años, y era propiedad de una mujer alemana fallecida en 2008.
Tras llegar a un acuerdo con la autoridad judicial y el Ayuntamiento, fueron los propios familiares de ésta quienes llevaron a cabo el derribo, sufragando su coste.
En ambos casos, de características muy distintas, no se produjeron incidentes ni antes ni durante el proceso de demolición controlada, pese la gran tensión que sobre todo en el primero de ellos había al tratarse la casa del domicilio habitual del hijo del dueño.
Cabe recordar que en Chiclana existen 15.000 viviendas irregulares, la mayoría de las cuales podrán ser legalizadas en los próximos años. Sin embargo, 2.292 de esas casas construidas, según Urbanismo, están en suelo no urbanizable y corren un riesgo real de ser derribadas.