Administraciones y agentes sociales cierran filas para salvar Las Aletas

El proyecto de Las Aletas no tiene vuelta atrás. Los agentes sociales de la provincia y los representantes políticos de la Junta y el Gobierno central renovaron ayer, con más fuerza si cabe, el pacto para sacar adelante del que será el tercer parque industrial y logístico de Andalucía. El proyecto sigue en el aire después de que el Tribunal Supremo tumbara el pasado octubre su construcción alegando que vulnera la Ley de Costas. El Alto Tribunal respondía así al recurso interpuesto por la organización ecologista Adena, que se ha mostrado contraria a levantar un polígono de esta envergadura en zona de marismas.

El revés judicial cayó como un jarro de agua fría entre los promotores. El Supremo desbarataba de un plumazo cinco años de gestiones y trámites administrativos, cuyo punto más polémico fue el de las expropiaciones de los terrenos.

El Consejo Económico y Social (CES), integrado por empresarios, sindicatos, y miembros de las administraciones públicas, mantuvo ayer una reunión para cerrar filas en favor del polígono, clave para el desarrollo de la Bahía. El encuentro ha servido para aparcar las diferencias políticas y remar todos juntos en la misma dirección.

No obstante, el fallo del Supremo ha servido además para abrir el debate entre algunos partidos. Así, el presidente provincial del PP, José Loaiza, ha criticado la gestión del PSOE en este asunto. Ha mostrado su malestar por no estar presente en la reunión del CES y se ha pronunciado a favor de cambiar la ubicación del parque. Igualmente, el parlamentario de IU por Cádiz Ignacio García ha señalado al respecto que «la Junta no va solucionar tan fácilmente el caso de Las Aletas como presume».

El presidente de la Diputación provincial, Francisco González Cabaña, se encargó ayer de leer el comunicado conjunto que han firmado los integrantes del Consejo y que resume el espíritu de Las Aletas. Se trata de anteponer el interés social del proyecto sobre cualquier interés político. Es decir, unidad de acción. Cabaña subrayó que la Abogacía del Estado trabaja en la redacción del informe jurídico que trata de corregir los defectos de forma que ha detectado el Supremo.

El vicepresidente del Consorcio de Las Aletas y consejero de Empleo, Antonio Fernández, fue el encargado de explicar la situación en la que se encuentra el proyecto Aletas tras la sentencia que anula las actuaciones en 287 hectáreas de terreno, de las 500 que tiene el parque. Según Fernández, «el fallo del Supremo es revisable» y la Abogacía del Estado trata ahora de dar una respuesta legal a los requerimientos del Supremo.

Fernández aclaró que los equipos jurídicos trabajan en tres frentes. El primero consiste en justificar la ubicación de Las Aletas. No se trata de una elección caprichosa de los terrenos. Al contrario. El parque reúne todos los requisitos para ser un centro estratégico. Según, la Junta es un lugar único en Andalucía para ubicar un polígono de estas características.

El consejero aclaró que se trata de suelos degradados y que el proyecto Aletas ha tenido en cuenta el impacto ambiental. En este sentido detalló que se replantarán en la zona unos 70.000 arbustos, un millar de árboles, se habilitará un carril-bici y está incluida la recuperación de las vías pecuarias.

El segundo frente en el que trabaja la Abogacía del Estado es la identificación de las empresas que se instalarán en esta zona. Se trata de negocios con actividades inócuas.

El tercer apartado que tratan de argumentar los abogados es el tiempo que estarán ocupados dichos terrenos. El Supremo especifica que esta extensión de tierra de dominio público marítimo terrestre debe ser revertida a su propietario, que es el Estado. Según el consejero, esta solicitud no tiene ningún problema porque se hará una concesión administrativa por tiempo limitado y la propiedad será reversible.

El Gobierno de Diputación, integrado por socialistas y miembros de IU, forma parte del CES. Al término de la reunión, se puso de manifiesto que el desarrollo de Las Aletas no puede estar condicionado ni marcado por diferencias políticas. El consejero aludió entonces a las declaraciones del presidente provincial del PP, José Loaiza, y a las palabras del parlamentario de IU Ignacio García y dijo al respecto que «el proyecto no puede estar en juego por una visión mezquina y sectárea».

Los responsables políticos transmitieron al resto de miembros del Consejo que tanto el presidente del Gobierno central, Rodríguez Zapatero, como el titular de la Junta, José Antonio Griñán, están al tanto de las gestiones y han mostrado su apoyo firme para seguir adelante.

Las obras del complejo logístico comenzaron el pasado septiembre, sin embargo, la sentencia del Supremo obligó a su paralización. Ahora se busca a toda prisa una respuesta legal que permita reanudar los trabajos. El vicepresidente del Consorcio y consejero de Empleo, Antonio Fernández, declinó dar fechas de inicio y terminación de obras hasta no conocer el resultado del informe de la Abogacía dl Estado.