Legalidad desbordada

La celebración de consultas independentistas en 166 localidades de Cataluña responde a una estrategia de desbordamiento de los cauces que la Constitución y el Estatuto -con la reforma pendiente de la sentencia del TC- han venido ofreciendo al autogobierno. La confianza del dirigente de ERC Joan Puigcercós en que la jornada de ayer vuelve intrascendente el pronunciamiento del Alto Tribunal sobre el 'Estatut' es un buen ejemplo de ese propósito. Pero la participación escrutada no reflejó más que el porcentaje de ciudadanos catalanes que en los sondeos de opinión dicen aspirar a un Estado propio. Por lo que, antes que un desafío para el Estado constitucional, lo ocurrido supone un reto para el Gobierno de la Generalitat, para el conjunto de las formaciones parlamentarias de la comunidad autónoma y, especialmente, para las dos primeras fuerzas políticas, PSC y CiU. Tan incomprensible resulta que el 'president' Montilla haya tratado de pasar de puntillas ante el envite plebiscitario, obviando que el partido más directamente comprometido con las consultas forma parte de su Ejecutivo, como que los convergentes se apuntaran al experimento con una alegría tal que pone en entredicho su constitucionalismo y la solvencia de su proyecto para recuperar la Generalitat. Los partidos nacionalistas que secundaron las consultas no deberían sublimar su resultado, dando por supuesto que la mera afluencia de entusiastas del soberanismo a depositar su voto en unas urnas alegales representa un salto cualitativo a favor de sus tesis. Como tampoco las formaciones discrepantes deberían desdeñar la importancia que puede alcanzar el ensayo independentista de ayer si la política institucional no es capaz de reencauzar hacia la sensatez y la moderación las aspiraciones de más autogobierno, incluso aquellas que esperan aprovecharse del efecto reactivo que pudiera suscitar la sentencia del TC. Si algo debe quedar claro tras el recuento de las papeletas independentistas es que quien pretenda ir más allá del propio Estatut deberá intentarlo a través de los cauces de reforma previstos en él y, en ningún caso, a costa de los procedimientos constitucionales.