El peor otoño de Zapatero

José Luis Rodríguez Zapatero nunca ha sido, según quienes han trabajado con él, un hombre impregnado de ideología. Sí un político con convicciones firmes en determinadas materias y empeñado en eso que él llama «extensión de derechos», pero pragmático y voluble en casi todo lo demás. En lo que va de legislatura el presidente del Gobierno ha dado buena muestra de ello. En su peor momento político, ha dado la espalda a posiciones tradicionalmente asociadas a la izquierda. Y, a tenor de las encuestas, el coste es elevado.

Como si de hojas caducas se trataran, estos valores socialistas se han ido cayendo del ideario del Gobierno en el peor otoño de Zapatero desde que llegó a la Moncloa. Su cambio de posición respecto a la causa saharaui, emblema de las bases de la izquierda y del propio PSOE; su alejamiento del modelo de solidaridad territorial que siempre han defendido los barones del PSOE y el propio Felipe González; la subida de impuestos, y especialmente del IVA; el recorte de las inversiones en I+D+i, o el progresivo distanciamiento con personajes del progresismo cultural, hasta entonces incondicionales, son los ejemplos más representativos de un panorama con el que muchos en su partido empiezan a sentirse incómodos. La última sorpresa se produjo el pasado viernes cuando Zapatero renunció a gravar los 'bonus' que perciben los altos directivos y ejecutivos de la banca, tal y como han anunciado Nicolás Sarkozy, en Francia; Angela Merkel, en Alemania, o Gordon Brown en el Reino Unido.

El caso de Aminatu Haidar es el ejemplo más reciente y quizá el más visible. Zapatero ha priorizado clara y abiertamente la preservación de las relaciones bilaterales con Marruecos a la causa de la activista saharaui. El jefe del Ejecutivo trató de salvar los muebles durante su intervención en la Conferencia Internacional para la abolición de la pena de muerte, que se celebró esta semana en Madrid, con una ambigua y excesivamente sutil exigencia dirigida a todos los países para que respeten los derechos humanos.

No fue capaz de hacer una referencia directa al vecino del sur, aunque fuentes del Gobierno aclararan luego que era al rey Mohamed VI a quien iba dirigido el mensaje. Su gabinete justifica que la diplomacia es más eficaz cuanto menos agresiva, pero el hecho cierto es que su gestión en este asunto le aleja de las bases de su partido. La prueba está en las contundencia de las declaraciones que, a la par, se han vertido desde el PSOE. La propia secretaria de Organización, Leire Pajín, defendió que a los amigos hay que decirles cuándo se equivocan y subrayó que, en esta ocasión, Marruecos lo ha hecho.

Pajín es un buen exponente de ese sector de la izquierda identificado con la causa del Sáhara. En su época como secretaria de Estado de Cooperación visitó en varias ocasiones los campamentos saharauis de Tinduf, en Argelia, y se movió para que España duplicara la ayuda al pueblo saharaui. En realidad, Zapatero siempre ha procurado evitar un conflicto con los marroquíes con esta cuestión, pero quizá nunca había echado tantos balones fuera como hasta ahora. El viernes afirmó incluso que es la ONU quien tiene la «responsabilidad principal» de sacar adelante una propuesta que ponga fin al conflicto.

El valor que tiene la imagen de artistas o intelectuales como Pedro Almodóvar, José Saramago o Juan Diego Botto en pie por Aminatu Haidar es más que puramente simbólico. Algunos son los del 'No a la guerra' que contribuyó a allanar el camino a una victoria socialista en 2004. Otros forman parte, incluso, de ese grupo que el pasado año se hizo miembro de la Plataforma de Apoyo a Zapatero en vísperas de las elecciones generales, los que le hicieron campaña cantando el 'Defender la alegría' y a los que desde el PP se llamó despectivamente «los artistas de la zeja» o del «cazo».

El caso es que es la segunda vez en menos de tres meses que algunos de esos actores, cantantes y escritores se movilizan por causas que dejan las vergüenzas del Gobierno al descubierto. El pasado 30 de octubre, Joaquín Sabina, Juan Diego y Miguel Ríos, entre otros muchos, firmaron en un acto público un manifiesto titulado 'Otra política y otros valores para salir de la crisis'. También entonces, eludieron la crítica directa a Zapatero, pero casualmente la cita coincidió con la aprobación de unos presupuestos que, contra lo prometido, no sólo no recortaron ganancias a los «poderosos» sino que trajeron consigo una subida del impuesto que más penaliza a las clases bajas, el IVA.

Su postura respecto a las retribuciones de los ejecutivos de la banca es una demostración de este giro de Zapatero respecto a la fiscalidad de los que más ganan. Zapatero justifica su rechazo a gravar los bonus de la banca en que la Ley de Economía Sostenible ya contiene medidas para controlar los ingresos de los banqueros y para «alcanzar un tratamiento más justo fiscalmente a quienes tienen retribuciones más alta». Lo que Zapatero considera «tratamiento más justo» es una incógnita para aquellas bases socialistas que defienden un control más radical de los ingresos en el sector de la banca.

Se entiende menos aún cuando el propio presidente del Banco Central Europeo, Jean Claude Trichet, considera que el actual sistema de los bonos tiene un efecto cortoplacista que provoca que los gestores se olviden del medio plazo y de la función de servicio que debe cumplir la banca. Trichet llega a advertir que si no se controlan los 'bonus' se facilita que la banca acabe convirtiéndose en un sector que «se sirve a sí mismo». A pesar de todas estas recomendaciones, favorables a cualquier tesis de la izquierda, Zapatero decidió separarse de la tendencia de los vecinos europeos.

Los socialistas son tan conscientes de lo difícil de tragar que resultó para los suyos semejante decisión que en seguida pusieron en marcha una campaña -que, por cierto, pasó sin pena ni gloria- para tratar de explicarla. Los 'bolos' que realizaron por toda España los ministros más potentes del Gobierno no sirvieron, según admiten en Ferraz, para tranquilizar al común de los mortales, pero al menos creen que tuvo cierto efecto sobre los cuadros del partido, francamente desanimados.

No fue el único problema que trajeron consigo las cuentas públicas. Otro sector, más bien progresista, que ha vivido en sus carnes el viraje del presidente es el científico. El recorte del 3% en I+D+i puso a los investigadores de uñas y proporcionó un durísimo artículo contra la ministra del ramo, Cristina Garmendia, en la prestigiosa revista 'Nature' a finales de noviembre. Hace una semana, ésta decidió prescindir de su secretario de Estado, Carlos Martínez, fichaje directo de Rodríguez Zapatero. Él, diplomático pero claro, achacó la destitución a la necesidad de «reorientar la política del Ministerio de Ciencia a la nueva situación económica».

El desapego del electorado socialista hacia el presidente del Gobierno se reflejaba ya en el último barómetro del CIS, correspondiente a octubre. Fuentes del PSOE confiesan con preocupación que, por primera vez, el desgaste no afecta sólo al Ejecutivo en sí sino que hace mella en un Zapatero que se mete en todos los charcos y al que sus ministros «protegen poco». Casi el 47% de quienes dijeron haberlo votado consideran -conforme al instituto público- que su política de empleo es «mala o muy mala» y hasta el 52% cree lo mismo de la económica. El 42% admitió además sentir poca o ninguna confianza hacia él.

Los analistas electorales del partido siempre asumieron que si en 2008 se logró la victoria fue gracias a que se arañaron votos hacia la izquierda, fundamentalmente, a Esquerra Republicana e IU. El muestreo del CIS no es suficientemente amplio como para vislumbrar la percepción que ahora tienen los republicanos de Zapatero, pero entre los votantes de Izquierda Unida es muy negativa. Casi el 70% cree que su política económica es mala y otro tanto desconfía de él.

El presidente y su equipo han confiado en todo momento en que la resistencia a una reforma laboral que rebaje los costes del despido y los subsidios de desempleo bastaría para mantener vivo su perfil social y progresista. De ahí, la machacona insistencia en que este Ejecutivo será capaz de salir de la crisis sin dejar a «nadie en la cuneta». Pero por el camino se han ido cayendo otras señas de identidad de la izquierda.

No es, según afirma un veterano ministro, algo premeditado o fruto de una estrategia para acercarse al centro y provocar menos animadversión en los votantes a su derecha; Zapatero despierta más rechazo del que nunca provocó Felipe González entre los electores ajenos. Apenas hay medidas que apunten en esa dirección y, en todo caso, sí se ha mantenido un fuerte compromiso con una potente bandera de las mujeres del PSOE: la despenalización del aborto y la aprobación de una ley de plazos, que el jefe del Ejecutivo, por cierto, se negó a incluir en su programa electoral.

Hubo en cambio, en la campaña de 2008, guiños electorales a la izquierda como la reforma de la ley de libertad religiosa y la ley de no discriminación que se quiere impulsar durante la Presidencia de la Unión Europea, en el primer semestre de 2010. La primera debería haberse aprobado este trimestre, pero desde la Vicepresidencia Primera dan por hecho que no verá la luz hasta el año próximo.

Es una iniciativa que levanta tantas ampollas como la legislatura pasada la ley de la Memoria Histórica; aquella norma que dejó a la izquierda con un regusto agridulce por lo descafeinado de su contenido y que ha pasado de ser una prioridad a un difuso recuerdo. A principios de esta legislatura Zapatero defendía ya que es preferible no hacer causa de asuntos como las calles dedicadas a protagonistas del alzamiento militar contra la República porque «los residuos que quedan (del franquismo) irán desapareciendo poco a poco». Mientras, IU y ERC protestaban indignados. En abril de este año, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica preparó una manifestación de familiares de víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura contra «la falta de sensibilidad humanitaria del Gobierno».

Afortunadamente para Zapatero, pocos ciudadanos han llegado a entender bien en qué consiste el acuerdo de financiación autonómica aprobado el pasado julio, pero también en este caso se dio la espalda a lo que, hasta ahora, habían sido convicciones morales de buena parte del socialismo español. El nuevo sistema se regirá por los principios que fijó el Estatuto de Cataluña y contra los que se manifestaron 'barones' autonómicos, como el andaluz José Antonio Griñán o el extremeño Guillermo Fernández Vara. La propuesta aprobada choca con el principio de que no son territorios sino los ciudadanos quienes pagan impuestos y pone límites a la solidaridad interterritorial.