La Fiscalía archiva la denuncia del PSOE sobre el fraude del alcantarillado

La Fiscalía Anticorrupción no ve suficientes indicios para tramitar la denuncia socialista respecto al supuesto fraude del alcantarillado. A pesar de que desde el Ayuntamiento se continúa con las diligencias del expediente abierto a la antigua adjudicataria del servicio, desde la Fiscalía se ha decidido archivar la denuncia y remitir el expediente a la justicia ordinaria, si así lo estiman los socialistas.

El portavoz de la oposición, Fernando López Gil, ha asegurado que la agrupación local no recibido ninguna notificación oficial al respecto aunque sospechan que se referirá a la acusación del supuesto trato de favor municipal a la empresa UTE San Fernando, pues los socialista han llegado a presentar hasta tres denuncias, una de ellas referidas a la doble facturación del servicio.

Un anuncio que coincide con la confirmación por parte de Desarrollo Sostenible de que la actual adjudicataria del servicio (Aquagest), no está cumpliendo con la plica. El director del área, Manuel Cruz, fue claro ante las preguntas realizadas por el concejal socialista Fernando León, al exponer que la empresa no cuenta con el número de trabajadores exigido en el contrato -existe una plantilla de seis trabajadores en vez de ocho- y tampoco tiene el material necesario para desarrollar la limpieza de los husillos.

Es por ello que desde Desarrollo Sostenible se está a la espera de una serie de informes que tiene que emitir el jefe del servicio como paso previo a una posible sanción a la empresa.

Una circunstancia que para los socialistas deja bien claro que el Gobierno municipal ha vuelto a equivocarse con la nueva adjudicación del servicio. Aún así no se podrá volver a licitar el mantenimiento del alcantarillado en los próximos meses ya que el Ayuntamiento está a la espera de que entre dinero en las arcas municipales para así poder aumentar el coste del mismo.

Mientras tanto se continúa solicitando documentación a la anterior empresa para el desarrollo del expediente informativo. Es el caso de las certificaciones de la obra de instalación de la bomba de agua de Venta de Vargas que no cumplió el plazo establecido. Todo ello cuando se ha acabado el plazo para que la UTE San Fernando pueda presentar alegaciones ante las denuncias realizadas por los socialistas, que siguen exigiendo responsabilidades por la desaparición de los partes de trabajo de casi un año.

Un turbio asunto que se empaña con los roces en la gestión de la actual adjudicataria del servicio y la imposibilidad de establecer una nueva plica que mejore la limpieza de los husillos de la ciudad. Unos trabajos que han costado 600.000 euros de más al Ayuntamiento y a los isleños.