Viviendas alegales

E l mero hecho de utilizar la expresión 'viviendas alegales' denota un fracaso del sistema democrático, pues la regla básica de una democracia es el cumplimiento de la ley. Los múltiples procesos de regularización de estos inmuebles han animado a especuladores sin escrúpulos a seguir construyendo nuevas edificaciones saltándose la ordenación urbanística, con la esperanza fundada de que estas actuaciones queden impunes a largo plazo. Resulta anecdótico el derribo de chalets ilegales, como el que se produjo en el mes de noviembre en el Pago de Melilla en Chiclana, el segundo en su historia, cuando según algunas estimaciones en ese municipio existen más de 15.000 inmuebles irregulares.

Esta situación puede cambiar por tres causas. En primer lugar la eficaz labor de la Fiscalía que instruye procesos por delitos contra la ordenación del territorio contra más de 100 imputados que pueden ser sancionados con el derribo. Tan sólo en Chiclana en el mes de noviembre se han conocido actuaciones contra 13 imputados, por construcciones ilegales, en El pinar de los Guisos, en las Majadilllas o en el Pago del Humo.

En segundo lugar, la mejora en la dotación de medios técnicos de la Policía Nacional, que está consiguiendo grandes éxitos con la utilización de las ortofotografías aéreas. Tecnología que debería incorporar la policía urbanística de los ayuntamientos para el correcto y eficaz control de su territorio.

Y en tercer lugar, el proyecto de reforma del Código Penal que tramita el Gobierno. Se incrementarán las penas a los delincuentes urbanísticos y se castigará expresamente la urbanización ilegal, atacando además al bolsillo que es donde más duele. Para evitar que esos delitos sean rentables, se podrá multar con el triple de las ganancias obtenidas. Se amplían los plazos de prescripción y se tipifica la prevaricación urbanística. Así, por primera vez se penarán a funcionarios y autoridades que amparen obras ilegales. Por ello es de prever que cuando entre en vigor la modificación del Código Penal no se podrá regularizar más viviendas, salvo que el funcionario o la autoridad cometan delito.

Por eso resulta paradójico que una plataforma de vecinos beneficiados con la posible regularización urbanística presione al gobierno municipal de Chiclana para que costeemos los demás sus excesos. Lo que deberían de hacer es pagar como el resto de los ciudadanos sus licencias, asumir los costes de urbanización y darse prisa, pues a lo mejor llegan fuera de plazo.