Deuda de vértigo

La reivindicación del secuestro de los cooperantes Alicia Gámez, Roque Pascual y Albert Vilalta por parte de Al-Qaida, la manifiesta voluntad de Aminatu Haidar de proseguir con su huelga de hambre y el último episodio vivido en las aguas que rodean Gibraltar por una embarcación de la Guardia Civil que perseguía a otra de presuntos traficantes han vuelto a poner en entredicho o, cuando menos, suscitar desconfianzas hacia la faceta exterior del Gobierno de Rodríguez Zapatero. La inclinación mostrada por el jefe del Ejecutivo a escribir su propio y retraído guión en materia internacional, en ocasiones con independencia de los compromisos adquiridos o soslayando los acontecimientos reales, explican el clima de prevención que comparten los grupos de la oposición y una buena parte de la opinión pública respecto a la administración de los asuntos exteriores. Sin embargo, el acuerdo unánime alcanzado de cara a la presidencia semestral de la UE atestigua que es posible establecer líneas de acción exterior consensuadas que contribuyan a fortalecer la posición española en la esfera internacional; y que permitan afrontar con mayores posibilidades de éxito aquellas situaciones de crisis que afecten directamente a nuestro país. Como ocurre en los demás ámbitos de la actuación gubernamental, corresponde al Ejecutivo procurarse la consideración y los apoyos que precisa en todo aquello que afecte a la política de Estado. Y ello exige informar al minuto durante el desarrollo de cada crisis. Pero la oposición no podrá hallar mejor forma de comprometer al Gobierno con el acuerdo que mostrándose dispuesta a respaldarlo frente a los problemas ante los que no cuente con una alternativa precisa. El escepticismo con el que las miradas más críticas pueden contemplar la gestión que el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero realice del secuestro de los tres cooperantes catalanes, del desafío legal e internacional que entraña la protesta de Haidar o de la 'persecución en caliente' en aguas próximas a Gibraltar no exime al resto de las formaciones parlamentarias de apoyar, siquiera críticamente, su actuación. A no ser que ofrezcan otras fórmulas de solución viables.

Los mercados bursátiles han vuelto a sufrir una preocupante sacudida a raíz del profundo deterioro que sufren las finanzas de algunos países europeos y, singularmente, las de Grecia, que está coqueteando peligrosamente con el abismo que suponen una deuda ya del 113% de su PIB, un déficit público desbocado y un elevado desempleo. Los riesgos que entraña la crisis del país heleno, incentivada tras la mala evaluación recibida de las principales agencias de calificación, no sólo son inquietantes por la inestabilidad social en que pueden derivar; también lo son, y de manera particular, al tratarse del primer Estado de la eurozona afectado por una amenaza de quiebra semejante en su situación económica y financiera, una vez conocidos precedentes de países abrumados por su deuda como Islandia o, más recientemente, Dubai. Lo que refleja no ya que los brotes de la recuperación distan de haberse generalizado, sino que la distinta fortaleza de la que partían los miembros de la UE frente a la recesión puede terminar desembocando en una quiebra entre ellos difícil de salvar. La 'vigilancia negativa' en que Standard&Poor's ha situado la deuda española no equipara a nuestro país con los de peor evolución. Pero sí advierte de la necesidad de planificar con rigor las cuentas públicas y su futuro saneamiento.