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ANDALUCÍA

La oposición abronca a Martínez Aguayo por la 'deuda histórica'

La consejera de Economía defiende que la liquidación con solares es «legal, oportuna y además nos interesa»

MARÍA DOLORES TORTOSA
SEVILLA.Actualizado:

La Cámara andaluza registró ayer descalificativos gruesos tales como 'traición', 'fraude' 'robo político'... Todos ellos dirigidos por la oposición al Gobierno de Griñán por el acuerdo de saldar con solares lo que queda de la deuda histórica, 784 millones de euros, negociación que defendió la consejera de Economía, Carmen Martínez Aguayo, como «perfectamente legal» y «oportuna» en un momento de falta de liquidez en las administraciones por la crisis.

PP e Izquierda Unida reiteraron su posición en contra de esta negociación, que coincidieron en considerar una «traición al consenso del Estatuto» y volvieron a amenazar con acudir a los tribunales para deshacer el acuerdo. Tanto Diego Valderas, por IU, como Antonio Sanz, por el PP, se mostraron enérgicos al afirmar que el debate de la 'deuda histórica' no ha acabado, como mencionó la consejera. «Está más viva que nunca», dijo Sanz. «No es punto y aparte, sino punto y seguido», mencionó antes Valderas.

La comparecencia solicitada por Martínez Aguayo para explicar lo acordado con el Gobierno de Zapatero en la comisión mixta de asuntos económicos y fiscales del pasado 26 de noviembre se tornó en un bronco debate con duros reproches. Martínez Aguayo insistió en su primera exposición en que esta modalidad es legal «nos permite liquidar y además nos interesa», asegurando que se obtendrán ingresos. Defendió que la Junta se haga con el patrimonio de la sociedad Agesa heredera de la Expo como una reivindicación histórica. «Eso es autonomía», dijo a la oposición. La consejera añadió que el grueso de los terrenos, más de 3 millones de metros cuadrados, se destinarán en parte al Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012 y otra parte a ser rentabilizado y hecho líquido para aplicarlo a las políticas sociales de sanidad y educación.

En su exposición aportó algunos datos más sobre los solares de los que dio tras la reunión en Madrid hace dos semanas, en particular aclaró la parte protegida y urbanizable del terreno de mayor dimensión, El Toyo 2, que tanta polémica y desmentidos entre miembros del Gobierno ha generado. La consejera explicó que es una finca de 3.140.000 metros cuadrados, de los que 1.022 son urbanizables y en los que se construirán mil viviendas de protección oficial y otras dos mil de renta libre. El resto es una zona de interés comunitario que el Estado cede a la Junta. La consejera daba la razón con ello al presidente de la Junta que en su día dijo que eran terrenos semiprotegidos, frente al consejero de Vivienda, Juan Espadas, que mencionó que no se podía construir en ellos y que eran un regalo del Estado a la Junta.

Martínez Aguayo se quejó a la oposición de no apoyar un acuerdo que beneficiará a Andalucía y especialmente criticó al PP, al que recordó que no hizo nada por pagar la deuda en los ocho años que gobernó España.

El portavoz del PP-A, Antonio Sanz, replicó de forma dura. Tachó de «desvergüenza política» el acuerdo y recordó a la consejera que los ayuntamientos hacen a diario cesiones de terreno gratis a la Junta para viviendas. También se cuestionó cómo la Junta construirá viviendas libres sin entrar en la especulación. A renglón seguido denunció como un engaño que aparezca en los Presupuestos un endeudamiento cifrado en 500 millones de la empresa pública Epsa, que será la encargada de adelantar el dinero de la deuda a la Junta a cuenta de las viviendas que hará después.

Diego Valderas reiteró su disposición a movilizar a la sociedad andaluza en contra del acuerdo. Dijo que «lo que nos interesa» es el «dinero contante y sonante», ya que los solares están devaluados con la crisis.

Martínez Aguayo replicó en un tono más enérgico. «Los ricos compran ahora», contestó a Valderas. Reiteró que el listado de solares es provisional y que no aceptará tasaciones antiguas de ningún terreno. «Es un acuerdo oportuno, nadie ignora que las administraciones no tienen dinero. Nos interesa», recalcó la responsable de Economía de la Junta de Andalucía.