Los despidos exprés se ceban con los empleados indefinidos

Más de 600.000 trabajadores fueron expulsados del mercado laboral vía despido exprés en el segundo trimestre del año. La fórmula permite la extinción rápida de la relación laboral «sin reconocer causa alguna» a cambio del pago, en las 48 horas siguientes a la comunicación de la ruptura, de la indemnización propia de un despido improcedente. El único requisito para la empresa es depositar el dinero en una cuenta bancaria. Para UGT, hay que abolir este sistema, que deja al trabajador sin la opción del despido nulo y, por lo tanto, sin posibilidad de volver a la empresa.

La central que lidera Cándido Méndez opina que en la nueva etapa de diálogo social tripartito -Gobierno, patronales y sindicatos- que se avecina, la desaparición del despido exprés tiene que estar encima de la mesa. Recuerda que este tipo de ruptura fue impuesto en 2002 por el Gobierno de José María Aznar, dentro de una reforma que provocó la única huelga convocada contra el Ejecutivo popular y que se llevó por delante al titular de Trabajo, Juan Carlos Aparicio. El ministro fue sustituido por Eduardo Zaplana.

La protesta general sirvió para corregir alguno de los cambios introducidos por decreto. Sin embargo, no consiguió restablecer determinados derechos de los trabajadores a la vez que abarató el coste del despido.

Los técnicos de UGT informan de que alrededor de 656.700 trabajadores fueron despedidos entre abril y junio de 2009, un 72% más que en el mismo periodo de 2008 y un 6,4% por encima de la cifra contabilizada en el trimestre anterior. Y, de ese total, una media del 88% de los despidos fue exprés, lo que facilitó «la destrucción rápida de empleo». A partir de entonces, los trabajadores que perciben la prestación tras ser despedidos son muchos más que los que se ven sin empleo por finalizar su contrato.

UGT aprovecha esa elevada cifra de expulsiones para presentarla como prueba de que la salida del mercado laboral español es «totalmente flexible». Además, es preciso terminar con las «modalidades que eliminan incertidumbres para el empresario y hacen muy fácil la tramitación del despido», remarca el sindicato.

El despido exprés conlleva la supresión de los llamados salarios de tramitación. Es decir, el trabajador no consigue ningún beneficio si acude a los juzgados de lo social. Antes de los cambios de 2002, la empresa tenía que abonar al afectado las retribuciones que le correspondían desde la comunicación de la ruptura hasta que se producía la sentencia sobre el caso, si decidía protestar ante los tribunales.

UGT considera importante recuperar la posibilidad de que el trabajador pueda optar a la readmisión en el despido improcedente. Argumenta que esto es lo que ocurre en Europa e insiste en que es necesario un cambio de mentalidad para que «el ajuste de plantilla sea el último recurso ante una situación de dificultad». Este sindicato, al igual que CC OO, apuesta por adoptar fórmulas de flexibilidad interna de las empresas a establecer en la negociación colectiva.