Evitar lo irreversible

La huelga de hambre de la activista saharaui Aminatu Haidar en el aeropuerto de Lanzarote se ha convertido en un testimonio personal que influye directamente no sólo en las relaciones entre España y Marruecos; también en la dilatada e infructuosa búsqueda de una solución definitiva para el Sáhara Occidental por parte de la comunidad internacional. Pero la negativa de Haidar a ser atendida en su estado de salud, como reacción ante la intervención judicial en el caso, y la iniciativa del ministro Moratinos para propiciar un consenso parlamentario que solicite a la activista saharaui el abandono de su ayuno, plantean una cuestión ineludible al Estado y al conjunto de las fuerzas políticas. La legislación española es respetuosa con la autonomía del paciente afectado por una enfermedad que le lleve a adoptar decisiones, o le conduzca a dejar constancia expresa de su voluntad, ante la eventualidad de que el tratamiento que pudiera aplicársele fuese tan insufrible como inútil. Pero aunque el deterioro de la salud de Haidar pueda derivar de manera sobrevenida en una situación equiparable a la contemplada en el estatuto de autonomía del paciente, ni su estado actual ni la naturaleza vindicativa de su comportamiento eximen a los poderes del Estado y, en última instancia, al Poder Judicial de actuar en prevención de un desenlace fatal. No cuando la exposición a tan irreversible riesgo personal constituye un acto de voluntad relacionado con demandas de orden político que cuentan con su ámbito de resolución; y por frustrante que resulte la postración de décadas que padece el pueblo saharaui, minorizado en territorio marroquí y refugiado en una simulación de Estado con partido único diseminado por el desierto. Si Haidar ha decidido encarnarse en testigo del sufrimiento que su pueblo padece desde la descolonización española frente a la negativa marroquí a conceder algo más que una autonomía desacreditada de antemano, la democracia española no puede permanecer impasible, representando un papel condescendiente respecto a la determinación de la activista. El Gobierno y la Justicia están obligados a evitar lo irreversible con el apoyo de todo el arco parlamentario.