La relación con Marruecos, primero

El Gobierno se enfrenta al caso de Aminatou Haidar con una máxima: preservar los lazos diplomáticos con Marruecos. Era evidente, a tenor de los pasos dados en los 21 días que la activista saharaui lleva ya en huelga de hambre, pero ayer fue verbalizado por José Luis Rodríguez Zapatero. «Desde el primer momento trabajamos dentro de nuestra capacidad con unos límites que todo el mundo puede entender», dijo al llegar a los actos del Día de la Constitución.

El jefe del Ejecutivo defendió que es su deber mantener «buenas relaciones» con países vecinos con los que España comparte intereses en «muchos campos importantes». Marruecos ocupa un lugar destacado en la política exterior del Gobierno socialista. Fue el primer destino internacional de un recién investido Zapatero en 2004. Su relevancia geoestratégica se asienta sobre dos cuestiones claves, aparte de las puramente económicas: la lucha contra el terrorismo internacional y la inmigración clandestina. «A veces surgen dificultades -insistió- y debe prevalecer el interés general».

Un día después de que la diplomacia marroquí acusara a Exteriores de haber embarcado a la activista en un avión medicalizado sin que se le hubiera dado consentimiento para entrar en su territorio, el presidente del Gobierno y sus colaboradores eludieron la más mínima crítica a las autoridades del reino alauita. Los comentarios eran otros. «Este episodio -señala uno de los hombres de confianza de Zapatero- hay que interpretarlo en una clave que tiene más que ver con las tensiones entre Marruecos y Argelia».

Fuentes gubernamentales alegan que con el primero de estos dos países ya se han movido todo los hilos posibles. Zapatero hizo una salvedad. Insiste en mantener al Rey al margen del asunto.

Lo que se intenta ahora es que Argel -firme defensor de la causa saharaui- suavice la postura de la llamada 'Gandhi' del Sáhara. Moncloa afirma que España no tendría responsabilidad jurídica en lo que pueda acaecerle, pero a nadie se le escapa que un desenlace dramático tendría consecuencias políticas.

A primera hora de la noche, un juez, acompañado del secretario del juzgado, un médico forense y agentes de la policía judicial, visitaron a Haidar en el aeropuerto de Lanzarote para comprobar 'in situ' su estado de salud. «Sé a lo que vienen, y tengo que decirles que no», les dijo la activista: «Soy dueña de mis actos y de mi voluntad. Y mi voluntad es no alimentarme»

El magistrado abandonó el recinto sin comunicar su decisión. Pero el Ejecutivo ya había advertido de que estudiaba vías para la alimentación forzosa de la activista; una medida que despierta dudas en miembros del gabinete de Zapatero.