La Policía exculpa como autores del robo de la Caja al resto de funcionarios

Las investigaciones desarrolladas por la Brigada de la Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía han cerrado el circulo entorno al robo de 7,8 millones de euros de la Caja municipal del Ayuntamiento de San Fernando. Las últimas diligencias policiales presentadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos, exculpan como posibles autores del robo consumado entre los años 2004 y 2009 al resto de funcionarios municipales de la delegación de Economía y Hacienda.

El minucioso estudio sólo señala indicios de culpabilidad en las actuaciones desarrolladas durante estos cinco años por Clemente R.G. Así lo constata la investigación patrimonial de todas aquellas personas relacionadas con este área del Ayuntamiento y de las personas allegadas a los mismos. Para ello, estudiaron los datos sobre propiedades, estados de cuentas bancarias, ingresos declarados y toda aquella información que pudiera determinar la situación económica de los investigados. La conclusión del informe de la Policía Judicial es que «no se observan circunstancias anómalas que hagan referencia a un enriquecimiento desproporcionado de ninguno de los sospechosos, sólo las informaciones recabadas referentes a Clemente R. G. apuntan a una capacidad económica muy desproporcionada con su nivel de ingresos conocido».

Ni el Interventor, ni la Tesorera, ni tampoco las dos auxiliares más cercanas a los dos cajeros municipales muestran indicios de haber formado parte de una trama en la que se señala ya de forma directa al único detenido y enviado a prisión de forma preventiva. Incluso su compañera, María José L. de C., imputada y puesta en libertad con cargos, parece alejarse cada vez más del entramado.

Tanto es así que el informe policial señala de forma directa que «el hecho de que otro funcionario tuviera acceso a los archivos, y pudiera elaborar hojas de caja convenientemente modificadas, al mismo tiempo que sustraía cantidades de la Caja, carece de sentido por simple reducción al absurdo». Así se deduce que si alguien hubiese sustraído dinero de la Caja, Clemente hubiese tenido posibilidad de «dar la voz de alarma en alrededor de mil ocasiones, tantas como hojas de caja» al advertir la falta del dinero en efectivo de cada día.

'Modus operandi'

Y es que además de demostrar los excesivos gastos del cajero en base a los ingresos que percibía, y las pérdidas que sufría su otro negocio, el Grupo Inmobiliario Nora, la Policía Judicial también deja claro el presunto 'modus operandi' llevado a cabo por el imputado.

Las claves para consumar la extracción de dinero líquido de la delegación de Economía se habría hecho a través de varias estrategias que la jueza encarga del caso ha considerado suficientes como para enviarlo a prisión, acusado de los delitos de malversación de fondos públicos, y falsificación de documento público y mercantil.

Así las diligencias policiales señalan que Clemente R.G. se apropiaba de justificantes de pagos de plusvalías para extender facturas que decía haber cobrado. De esta forma podría haber justificado el robo de 49.000 euros. Además de los pagos que los ciudadanos efectuaban directamente en ventanilla, también se nombran los talones y cheques como otra de las posibles opciones para haberse hecho con cantidades más importantes de dinero que podrían rondar entre los 5.000 y 20.000 euros.

Para disimular el presunto robo del dinero habría falsificado las hojas de caja, creadas por el imputado y a las que supuestamente sólo este tenía acceso desde su ordenador. Los errores detectadas en estas hojas suman la cantidad en efectivo que falta en la Caja municipal, según el informe del Perito judicial.

Si es cierto que el grueso de la investigación señala un único culpable y excluye al resto de funcionarios como causantes del robo, también refleja que «de haberse llevado a cabo los mínimos controles, el delito que se ha cometido durante cinco años, no se hubiese producido o hubiese sido abortado».