Tribuna

La deuda tiene un precio

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Javier Arenas quiere ser de mayor Rafael Escuredo. Y pretende que su 28-F lo constituya la batalla por la deuda histórica de Andalucía, que se la reflanfilaba cuando fue ministro de José María Aznar, quien a su vez hizo el mismo caso que Felipe González a aquella vieja reclamación andaluza que no data de los Reyes Católicos como pudiera pensarse, sino de las transferencias autonómicas de los 80. En su día, Arenas fue capaz de reconvertir a la Alianza Popular de Gabino Puche en un PP verdiblanco 'ma non troppo'. Y ahora, cuando las encuestas le empujan hacia un optimismo desaforado, quiere jugar la carta maestra del andalucismo combatiente. Aunque nadie se lo imagine emprendiendo una huelga de hambre como hiciera en su día el sucesor de Plácido Fernández Viagas cuando la UCD negaba el pan y la sal al sur de Despeñaperros.

Como en aquel entonces hicieron los socialistas andaluces, los populares del sur van a centrar ahora la batalla en los Ayuntamientos. Y con el de Cádiz, sí. Presidido por Teófila Martínez, su predecesora como presidenta del PP de Andalucía, desenterró el 'tomahawk'. Al respecto no más se supo que se encontraban situados en la capital gaditana dos de los dieciocho solares que se incluyen en el insólito trueque que el Gobierno central y la Junta de Andalucía han acordado para liquidar este asunto. Pero también a San Fernando le ha tocado uno en suerte y no parece que su consistorio forme tanto revuelo.

En el primer caso, uno de dichos terrenos es el llamado chalé de San Luis, a la altura del número 36 de la avenida Cayetano del Toro: 1.995 o 2.107 metros cuadrados -según quien haga las cuentas- que la asociación Nueva Juventud Trille gestiona como aparcamiento y que ha sido objeto de un litigio de veinte años con un antiguo propietario de nacionalidad francesa. ¿Sigue estando en entredicho su propiedad? Desde hace un año, al menos, parece que no y si va en el lote es que tiene todos los papeles en regla. Sin embargo, sobre dichos terrenos existe un convenio con fecha 12 de julio de 1993 en que Patrimonio del Estado acordó cederlo al Ayuntamiento, cuando todavía gobernaba Carlos Díaz. Cuatro años después, ya con el PP gobernando, se suscribió un nuevo acuerdo, pero nada de nada hasta hoy. Ese lugar también se barajó como ubicación de la nueva Comisaría de Policía, pero la alcaldía pensó en ubicar allí otras viviendas e incluso una guardería: ¿VPO en primera línea de precios?. En la revisión del PGOU, dicha parcela se reserva para uso educativo y social.

Rafael Román, portavoz del PSOE, no entiende que haya despertado tanta ira este pago en especies: en Cádiz, al bajar un escalón burocrático en las distancias administrativas, al Consistorio gaditano podría serle más fácil negociar con la Junta que con Patrimonio del Estado.

Así podría ocurrir con otro solar, también usado con frecuencia para el estacionamiento de camiones, mide 6.613 metros cuadrados en la Ronda de Vigilancia de Puntales, que podrían albergar 80 casas en caso de que el PGOU lo permita, porque lo cierto es que las administraciones local y autonómica estarían condenadas a entenderse en este y en otros asuntos. En este caso, hubo una negociación con Patrimonio del Estado que se rompió porque, según reza en los papeles, el Ministerio de Hacienda fue tasando sucesivamente al alza dicha parcela: 1,6 millones de euros en 2005, que tres años después elevó a 1,8 millones y que a mediados del presente año ya lo cifraba en 2,4 millones, por lo que el Ayuntamiento decidió romper las negociaciones de compra. Habrá que ver cuál es su tasación al precio de hoy, para que cuadre con el rompecabezas de lo que Andalucía reclama.

Sebastián Terrada, portavoz de IU, cita a los clásicos cuando asegura que este 'toma y daca' para la deuda histórica suena a cachondeo. Y su compañero de filas Ignacio García, entiende que huele a especulación. ¿Qué ocurrirá con otras ciudades andaluzas que no tengan suelo con qué saldar la deuda? ¿Se quedarán sin nada en el reparto?

En esta provincia y más allá de la capital, en la relación de Patrimonio del Estado tan sólo figura San Fernando, con un polémico solar de 675 metros entre las calles del Santo Entierro y de José Ramos Borrero Requeté. Pero lo que llama la atención es que en los documentos que se han manejado durante estos días la dirección del solar que ha trascendido es la de Santo Entierro, 8. En dicho número, que yo sepa, se encuentra la sede de una pujante empresa, Eosolarsur, una firma compuesta por ingenieros especializados en energías renovables: Solar, Eólica, Biomasa, Geotermia y otras. A lo peor, entre la Junta y el Gobierno central, con la excusa de la deuda histórica, han decidido expropiarla para fomentar el I+D+I.