Dos semanas para salvar el planeta

Entre mañana y el próximo día 18, delegados de 192 países se congregan en Copenhague para discutir una revisión de los compromisos asumidos en 1997 por una parte de la comunidad internacional para combatir el cambio climático. Aquellos acuerdos dieron lugar a lo que se conoce como el Protocolo de Kioto, que ha producido resultados muy heterogéneos y, sobre todo, poco contrastables en un entorno de opinión cada vez más sensible al problema de la degradación medioambiental del planeta. Lo que se busca en la capital danesa es un refuerzo de las medidas contempladas en el pacto suscrito en la ciudad japonesa más allá de su vigencia, que concluye en 2012 y, principalmente, la aceptación del compromiso que se alcance. En este sentido, los focos se centrarán especialmente en países como Estados Unidos, China, India o Brasil, que se mantuvieron al margen de la disciplina de Kioto por razones políticas, económicas o procedimentales.

El objetivo central de la histórica cita es conseguir que la temperatura media mundial no crezca más de 2 grados centígrados este siglo con respecto a los niveles preindustriales. Puede parecer un objetivo menor, pero los expertos de Naciones Unidas han llegado a la conclusión -no exenta de polémica, por cierto- de que el calentamiento del planeta puede crecer entre 1,8 y 4 grados, y que en 2100 se podrían alcanzar 6,4 grados más con respecto a 1990. ¿Las consecuencias? Catástrofes imprevisibles, aumento del nivel del mar y desaparición con ello de extensos territorios poco elevados, olas de calor y sequías, destrucción de ecosistemas completos, mengua de las reservas de agua potable, hambre y desolación.

Posiciones distantes

Copenhague, la semana que comienza mañana y la próxima, es el momento escogido para salvar al planeta de los efectos de un capitalismo desmedido. Las distantes posiciones entre países y bloques regionales, sin embargo, despiertan serias dudas de que se pueda alcanzar un acuerdo de amplio espectro.

El Protocolo de Kioto, aprobado en 1997 y en aplicación desde 2005, establece que 39 países desarrollados o en evolución hacia una sociedad de mercado deberán reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero un 5,2% con respecto a los niveles de 1992 entre 2008 y 2012. La Unión Europea se impuso un 8% en ese reparto de responsabilidades. El objetivo parece logrado a pesar de que algunos de sus socios, como España, no respeten sus cuotas. Los últimos datos de emisiones le atribuyen a nuestro país en 2007 un incremento del 2,1% en esas emisiones -9,3 millones de toneladas equivalentes en CO2- y sólo con respecto a 2006. En 2007, la Comisión estimaba que España estaría en 2010 un 14,2% por encima de los niveles de emisiones de gases atribuidos en la distribución de los esfuerzos del tratado nipón.

Al margen de las consideraciones derivadas de Kioto, Copenhague exhibe otras ambiciones. Europa ha declarado su compromiso, pase lo que pase en la capital danesa, de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero un 20% en 2020 con respecto a 1990 -el 13% en comparación a 2005- y subiría hasta el 30% si otros países industrializados hicieran lo mismo. Sus planteamientos no son muy secundados por las grandes potencias industriales del planeta y las naciones en desarrollo como India rechazan asumir compromisos significativos o han efectuado formulaciones tramposas. «Tenemos grandes problemas de homogeneización de propuestas», reconocía esta semana una de las responsables comunitarias de las negociaciones en Copenhague, la portuguesa Rosario Bento.

La mayoría de las grandes potencias han establecido una horquilla de máximos y mínimos con respecto a sus posibles compromisos. China, por ejemplo, ha optado por un planteamiento complejo y difícil de comparar con el resto del mundo. Pekín sostiene que va a reducir su «intensidad de carbono», expresada en emisión de contaminantes por unidad de PIB, entre un 40% y un 45% de ahora a 2020. Eurofer, el 'lobby' siderúrgico europeo, ha hecho sus números y estimaba esta semana que, con su oferta, lo que gigante asiático busca es garantizarse un incremento real de emisiones de CO2 de entre el 75% y el 90%.

Pekín se desmarca

China ha superado ya a Estados Unidos en volumen absoluto de emisiones, aunque per cápita los números sean, lógicamente, más bajos. En su reciente visita a Pekín, José Manuel Durao Barroso reclamó a Wen Jiabao un esfuerzo mayor en Copenhague y el líder chino, simplemente, ignoró la demanda. Las proyecciones de la Comisión Europea anticipan que, si no hay cambios, los países en desarrollo emitirán en 2020 en términos absolutos más gases causantes del efecto invernadero que los industrializados.

India, otro gran contaminador, mantiene ocultas sus cartas y Brasil pretende reducir entre el 36% y el 39% sus emisiones con respecto a las previsiones de 2020, pero esencialmente combatiendo la deforestación amazónica. Y si ponerse de acuerdo sobre las unidades de medida no fuera de por sí complicado, otros aspectos muy sensibles de la conferencia pueden dar fácilmente al traste con ella. Los países pobres, por ejemplo, dicen que los males del clima los han causado los ricos y que si ellos tienen que sacrificarse ahora, se les tiene que recompensar por ello. La Comisión Europea ha calculado que las ayudas a las naciones en vías de desarrollo por este capítulo deberían ascender a 100.000 millones al año en la próxima década, de los que el 30% correspondería a la UE, el 24% a EE UU, un 8% a Japón y otro tanto a China. Pero los intentos de los Veintisiete de repartir la parte correspondiente de ese esfuerzo entre sus miembros han fracasado hasta ahora y Washington y Pekín se han puesto de acuerdo, durante la reciente gira de Barack Obama por Extremo Oriente -el presidente norteamericano ha anunciado su presencia en la clausura de la cumbre-, para aparcar el tema hasta que corran mejores tiempos para la economía.

No menos delicado es el carácter jurídico del hipotético compromiso de la capital danesa. ¿Obligará o no a los firmantes? Europa va a esta conferencia a por todas, incluida la formulación de un presupuesto de urgencia para lanzar las operaciones en los países en vías de desarrollo. Posiblemente, la mayor parte de sus interlocutores no compartan esas ambiciones.