Un rompecabezas difícil de encajar

El concepto de reforma laboral se abre camino entre Gobierno, partidos políticos, patronales y sindicatos. Incluso las primeras encuestas sobre el tema reflejan que la inmensa mayoría de la sociedad quiere cambios. Pero de ahí a que las posturas de hace meses se hayan transformado hay mucha distancia. El Ejecutivo descarta rebajar el coste del despido y el recorte de derechos de los trabajadores en pro de evitar una huelga general. Las organizaciones empresariales insisten en la necesidad de abaratar la mano de obra mientras los sindicatos sólo están dispuestos a flexibilizar las relaciones laborales sin tocar la entrada ni la salida del mercado. El PP, por su parte, insta a Rodríguez Zapatero a aplicar reformas.

El fondo de la cuestión es el mismo desde las elecciones parlamentarias de 2008. Cada interlocutor persigue la defensa de sus intereses. El interrogante es si las formas de llevar a cabo ahora los planteamientos han cambiado. Por ejemplo, ante la recuperación del diálogo social tripartito, el Gobierno ha creado una secretaría general, dependiente del Ministerio de Trabajo, encargada exclusivamente de velar por la salud de ese foro de debate y negociación. Al frente está Alfonso Morón, con experiencia en acuerdos alcanzados en la anterior legislatura.

El Ejecutivo necesita demostrar su voluntad dialogante y busca la paz social, sobre todo durante el próximo semestre, en el que España presidirá la Unión Europea (UE). El jefe del Ejecutivo está dispuesto a actuar para evitar una huelga general. No desea que le ocurra lo que a sus antecesores José María Aznar y Felipe González, que abandonaron La Moncloa con 'mancha' en sus expedientes.

Delicada situación

El presidente de CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, ha de ahorrar desplantes al Gobierno, dada la delicada situación de alguno de sus negocios. Además, él habla de unidad dentro de la confederación, pero existen fisuras. La relación con CEPYME, organización dirigida por Jesús Bárcenas, está muy deteriorada. Los líderes de CC OO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, no pueden permanecer de brazos cruzados cuando el paro en la Encuesta de Población Activa (EPA) ya supera los cuatro millones de desempleados, sin que se vislumbre su reducción.

Estos son los puntos de partida. A ellos se añade que el Gobierno nunca se negó a introducir cambios en el mercado laboral. Por el contrario, sí se opuso y se opone a la reforma de CEOE, que conlleva un contrato temporal «anticrisis» con un despido más barato que las indemnizaciones vigentes, la rebaja sustancial de cotizaciones sociales y la supresión de la intervención de la autoridad laboral en las rupturas colectivas.

Rodríguez Zapatero adelantó su agenda negociadora el día 1. Pondrá encima de la mesa con carácter prioritario el fomento del empleo de los jóvenes, la lucha contra el absentismo y un mayor control de la incapacidad temporal en respuesta a demandas empresariales y el máximo ajuste de los expedientes de regulación de empleo para evitar despidos.

Moderación

El objetivo de CEOE es la modernización del mercado de trabajo, para que sea menos vulnerable al ciclo económico. La redacción de sus propuestas en el último documento es más moderada, si bien extraoficialmente los dirigentes de la patronal aseguran que sus reivindicaciones permanecen inalterables. CEOE se inclina en el nuevo escrito por «crear un esquema contractual sencillo», si bien vuelve a plantear la reducción de las cuotas a la Seguridad Social. En su programa también aparece la simplificación de la estructura colectiva, la lucha contra el absentismo, la entrada del sector privado en la intermediación laboral, la ampliación de la actividad de las empresas de trabajo temporal y mayores bonificaciones para los empresarios en los ERE temporales.

CC OO y UGT ahora están centradas en pactar con CEOE una guía que marque las pautas de la negociación colectiva de los próximos ejercicios. Sus propuestas de reforma laboral se limitan a la flexibilidad interna, pero se aprecian diferencias. Comisiones pretende trabajar menos horas, cobrar de la empresa por el tiempo real de actividad y recibir del Estado en torno al 70% de la rebaja de las retribuciones que implique la reducción de jornada. UGT opina que este tipo de medida no tiene que estar ligada a los ERE, debe ser ajena a la prestación por desempleo y vincularse a la formación del trabajador.

Por último, el PP insta al Gobierno a aplicar una reforma laboral que atienda de manera especial a la intermediación, la negociación colectiva, la formación y la dualidad de los contratos. Su presidente, Mariano Rajoy resalta que los cambios serán más efectivos si se consiguen con el consenso de las fuerzas sociales, pero mantiene que la falta de entendimiento «no puede eximir a un gobierno de sus responsabilidades».

Con estos mimbres, la mesa del diálogo social únicamente arrancará si se ponen primero sobre ella las materias menos conflictivas, bajo epígrafes muy genéricos que no crispen a nadie. Todos parecen estar de acuerdo en el fomento del empleo juvenil y en la revisión de la formación profesional. Incluso podrían abordar en las primeras reuniones mecanismos más eficaces para casar ofertas y demandas laborales.