El agua, escasa y disputada

Una de las obsesiones de los proyectos espaciales es hallar agua en la Luna o Marte, o en cualquier astro estelar. Ya se sabe por qué: donde hay agua hay vida. Hoy también se sabe que el agua está amenazada y mal distribuida en nuestro planeta. Millones de personas no pueden acceder a los 50 litros diarios que la Organización Mundial de la Salud estipula como básicos para vivir dignamente. Será en la Cumbre de Copenhague que empieza mañana lunes uno de los temas estrella. Cuidar el agua es primordial para luchar contra el cambio climático. Siendo Andalucía una de las regiones europeas más amenazadas por el cambio climático según recientes informes, ¿qué hacer para salvaguardar este líquido vital?

La Cumbre de Copenhague coincide con el debate en el Parlamento andaluz de la Ley de Aguas, una norma que pretende ajustarse a la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea aprobada en el año 2000 con el objetivo de dotar de un marco jurídico a las aguas, preservar sus ecosistemas, prevenir su contaminación y deterioro y racionalizar un uso sostenible basado en la protección a largo plazo de los recursos hídricos disponibles. O como lo expresa en términos coloquiales el director gerente de la Agencia Andaluza del Agua, Juan Paniagua: «Para que el agua que heredamos de nuestros antepasados sea la misma que dejemos a los que nos sucedan».

Y ¿cómo es ese agua heredada? En Andalucía, como casi en todo el territorio español, el agua es un bien escaso consecuencia de la mayor evapotranspiración respecto al nivel de precipitaciones (630 milímetros de media anual) fruto de su clima árido con temperaturas altas (una media de 15 a 20 grados), explica el profesor de Geografía Humana y presidente hasta hace días de la Fundación Nueva Cultura del Agua, Leandro del Moral. A ello se añade la compleja y diversa situación. Este territorio cuenta con el lugar de mayores precipitaciones en España, Grazalema, y el que menos, Almería, y una irregularidad climática con prolongados periodos de sequía y otros con lluvias torrenciales e inundaciones. Es por tanto una comunidad con «déficit hídricos periódicos», resume Juan Paniagua.

El peso del regadío

Ahora bien, sólo un 32% de las aportaciones superficiales y las reservas acuíferas, se destina al consumo de la población y de sus actividades económicas (alrededor de 5.400 hectómetros cúbicos). Estos recursos proceden de embalses (el 74%) o son extraídos de los acuíferos (el 26%), según datos de la Agencia Andaluza del Agua.

Más del 80% de los recursos se destinan a riego agrícola. En la cuenca del Guadalquivir este porcentaje puede sobrepasar el 85%, anota Leandro del Moral, quien entiende que «el peso y la tendencia creciente del regadío» es uno de los problemas graves en Andalucía y gran parte de España. Advierte que la sobre explotación de las aguas subterráneas puede acabar con ellas, lo que conducirá a una desertización. Para Julio Barea, de Greenpeace, que el olivar, «que es un cultivo de secano», consuma 621 hectómetros de agua no es lógico. Del Moral da en la llaga con uno de los asuntos más espinosos que la ley andaluza debe resolver: poner orden en las concesiones del agua para regadío, sobre todo en las de las aguas subterráneas. Las organizaciones agrarias defienden sus derechos tradicionales, pero han acabado cediendo ante importantes cambios que les afectarán cara el futuro. Ellos deben ser los máximos interesados, si el agua se acaba, también se acaba para ellos, sugiere Juan Paniagua.

La nueva ley obligará a los regantes que utilicen pozos a instalar contadores y a dar cuenta de lo que extraen a la administración para que el agua consumida se corresponda con la declarada incluso aunque la concesión sea inferior a 7.000 metros cúbicos, explica Paniagua. Otra novedad será que los regantes que se suministren de aguas superficiales deberán pagar ya no por hectárea como hasta ahora, sino por metro cúbico consumido, tarifa que se aplicará de manera progresiva, a petición de las asociaciones agrarias.

Cómo ahorrar agua

El responsable de la comisión del agua de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Fernando Reyero, recuerda que siempre ha defendido que el agua «es un bien económico, no un don divino», por ello cree que una regulación de su uso es necesaria. Reguero ha participado, representando al sector empresarial agrícola e industrial, en las reuniones sectoriales que la Consejería de Medio Ambiente ha mantenido con diferentes colectivos para la elaboración de la norma.

En su opinión el gran reto es mentalizar al ciudadano de que «el agua es un bien escaso» y que hay que pagar por ello. Ahora bien, este experto en proyectos hidráulicos desde hace 30 años entiende que lo ideal es un nuevo modelo de gestión que, pese a las subidas de las tarifas, los usuarios acaben pagando la mitad. Y lo que es más importante, subraya, «se ahorre agua», que es el objetivo principal. La explicación es sencilla: «El ciudadano se mentaliza cuando le toca el bolsillo». Reguero lo razona con datos: Hace una década el consumo en Andalucía era de 260 litros por persona y día; en la actualidad es de 160. El está convencido de que aún se puede ahorrar más.

Esta diferencia se ha notado sobre todo en los grandes núcleos urbanos, donde las tarifas han subido más, sobre todo en aquellas con «todos los deberes hechos», en referencia a las que cuentan con saneamiento y depuración integral. Para Reguero es primordial acometer importantes infraestructuras si se quiere optimizar los usos del agua y evitar su despilfarro. El representante de la CEA calcula que al menos hacen falta cuatro mil millones de euros en infraestructuras para que Andalucía encare el futuro con garantías de preservar sus recursos hídricos.

El precio

Juan Moreno, presidente de la Unión de Consumidores de Andalucía (UCA), advierte de que el aumento de las tarifas que se deriven del tratamiento medioambiental de las aguas no puede ir sobre las espaldas de los usuarios domésticos. «Esta nueva cultura del agua no puede suponer un mazazo a los consumidores».

El precio del agua es uno de los asuntos peliagudos de la nueva ley en su tramitación parlamentaria. La portavoz del PP en esta ley, Carolina Fernández Vigo, criticó en el Parlamento su «afán recaudatorio» y dijo que el agua subirá a los usuarios un 40%, lo que fue desmentido por la consejera Cinta Castillo, quien dijo que la ley sólo racionaliza los cánones para que todos en Andalucía paguen lo mismo por el agua.

Juan Moreno ve bien que se dote de homogeneidad a las tarifas del agua. Da un ejemplo: «En Almería hay pueblos que pagan precios irrisorios, cuando es una de las zonas con mayor déficit de agua». La UCA ha propuesto que los ciudadanos paguen a partir de los 50 litros por persona y día razonables marcados por la OMS. Cree que con ello se evitaría el despilfarro y no se atacaría demasiado al bolsillo.

Contaminación

Para el coordinador en temas de agua de Greenpeace, Julio Barea, el principal problema que sigue amenazando al agua en Andalucía es la contaminación. Según un informe realizado por su organización en 2005, sólo el 11% de las aguas superficiales y el 16% de las subterráneas cumplen la normativa europea. «La situación sigue igual, no ha cambiado», asegura Barea, quien señala el polo químico de Huelva y el área de Algeciras como puntos negros en cuanto a mala calidad de las aguas por vertidos incontrolados.

Aunque no está de acuerdo en muchas cosas con Greenpeace, no es baladí que el primer objetivo que se propone la actual consejera de Medio Ambiente, Cinta Castillo, una vez aprobada la ley, es la construcción de 300 depuradoras en iguales puntos de Andalucía. Casi la mitad de los municipios andaluces carecen de depuración. El proyecto cuenta con 1.500 millones de euros de presupuesto.

Juan Moreno advierte de que de nada servirá construir depuradoras si no entran en funcionamiento. En este sentido, denuncia que hay muchas de ellas construidas y olvidadas, lo que considera un despilfarro del dinero. Muchos ayuntamientos, que son los gestores de todo el ciclo del agua, no tienen recursos para ponerlas a funcionar. «Es algo vergonzoso», exclama.

Para acometer una mejora de sus cauces ecológicos, acuíferos y redes fluviales, Leandro del Moral cree que los planes hidrológicos deben definir las descargas y los caudales mínimos teniendo en cuenta las peculiaridades de los ríos, incluidas las avenidas, necesarias en la conservación de los ecosistemas. Del Moral advierte de la necesidad de vigilar más la sobre explotación de los mismos y la ocupación de los cauces públicos. «Hay que mejorar el control aplicando la ley», dice.