La Audiencia decide que el 'caso Karlos' lo juzgue un jurado popular

La 'operación Karlos' parecía estar ya en su recta final, a falta tan sólo de señalar el día de celebración del macrojuicio, en el que está previsto que se sienten 32 personas imputadas. Sin embargo, como si se tratase de un juego de mesa, de una sola tirada el caso acaba de retroceder en el tablero de la Justicia hasta la casilla de salida: a los juzgados de instrucción.

Ayer, la sección tercera de la Audiencia Provincial decidió que el caso -una de las mayores estafas a la Seguridad Social cometidas en la provincia de Cádiz- deberá ser juzgado por un jurado popular compuesto por ciudadanos, en lugar de un tribunal profesional de magistrados. La decisión, además de ser controvertida, supone en la práctica el enésimo retraso de un proceso judicial que se alarga ya en el tiempo más de tres y medio años, desde la Guardia Civil detuviese al ex jefe de la Policía Local de Ubrique, Carlos Carretero, y a un inspector médico del la Unidad de Valoración Médica de Incapacidad, de la Junta, Francisco Casto Pérez Lara, como los supuestos cabecillas de una red que obtenía pensiones médicas de manera fraudulenta. Al menos 30 personas más acabaron imputadas en el caso, por beneficiarse o participar supuestamente en la trama. Entre ellas, María José Campanario, la esposa del torero Jesulín de Ubrique, cuya supuesta participación en la obtención de una pensión para su madre, atrajo la atención de la prensa del corazón sobre el asunto. Ahora, serán nueve ciudadanos quienes tendrán que decidir si los 32 acusados son culpables o inocentes. No obstante, hasta que eso ocurra y se celebre la vista oral en la Audiencia Provincial -una de las de mayor envergadura hasta ahora- podría pasar varios años más, ya que el asunto debe regresar al juzgado de instrucción de Cádiz, para que el juez reabra el proceso por el procedimiento del jurado popular.

El retraso está asegurado: no sólo porque el caso da un paso atrás, sino también porque se espera toda una batería de recursos por parte de los letrados personados en la causa. Por regla general, las defensas suelen rehuir de los tribunales populares, ya que suelen ser tendentes a condenar, y tienen escaso conocimientos en materia de recursos y vericuetos legales. Sin embargo, el recurso también supone una estrategia de los abogados defensores, ya que les permite reclamar un atenuante a la pena por dilaciones injustificadas. Deberá ser el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía el que se pronuncie sobre estos recursos, que podrían llegar a la treintena.

La orden judicial fue notificada ayer por la Audiencia. Y aunque supone un jarro de agua fría para el caso, la decisión no llega por sorpresa a las partes personadas. De hecho, pendía como una espada de Damocles desde el pasado mes de octubre, cuando la sección Tercera dictó una providencia para consultar a las partes si consideraban que el caso debía ser enjuiciado por ciudadanos o por magistrados. La mayoría de los letrados ni siquiera se pronunció. Y de los pocos que sí lo hicieron, la respuesta más sorprendente fue la del principal imputado en el caso, Carlos Carretero, representado por el abogado Alfredo Velloso, que votó a favor del jurado popular.

En contra, se pronunció el otro imputado de peso en la causa, Francisco Casto Pérez Lara, considerado en las diligencias de la Guardia Civil como la mano derecha de Carretero y quien certificaba supuestamente las incapacidades fraudulentas, como inspector médico. El abogado de éste, Felipe Meléndez, ya recordaba en su escrito a la Sala Tercera, que de enquistarse el asunto, podría prolongarse otros tres o cuatro años más.