Es noticia:
ABCABC de SevillaLa Voz de CádizCádiz
Sociedad

Lenguas de serpiente

CARLOS ZAHUMENSZKY
Actualizado:

Los dirigentes de un país deberían tener mucho cuidado al elegir a sus consejeros. En 'El Señor de los Anillos', de Tolkien, el rey Theoden estuvo a punto de perder su corona por hacer caso de los consejos envenenados de Grima 'Lengua de Serpiente', un avieso personaje cuyos intereses eran muy distintos del bien común. En Moncloa, el Gobierno de Zapatero haría bien en considerar con más cuidado cuáles son los verdaderos intereses de sus consejeros o podría acabar enfrentándose a las iras del pueblo, cuyas nada desdeñables armas son papeletas electorales.

La historia se repite con la Ley de Economía Sostenible. Sabedores de que se iba a liar parda, los portavoces del Ministerio de Cultura intentaron colar 'por la puerta de atrás' el punto más polémico de la nueva ley. Una reforma que, en la práctica, pretende autorizar el cierre de cualquier página web que albergue enlaces a archivos protegidos por derechos de autor.

Nadie discute a estas alturas la necesidad de velar por los intereses de los artistas. Pero lo que no se puede es gobernar para cuatro amigos en contra de los intereses de millones de personas. Casi de forma simultánea a la presentación del anteproyecto de la nueva Ley, un grupo de atribulados artistas presentaban 2.500 firmas ante el Ministerio de Industria para pedir freno inmediato a las descargas ilegales, un problema que nadie les discute que exista. Tras la presentación del anteproyecto, Internet estalló en una ola de protestas. En 24 horas, se creó un manifiesto en contra secundado en 250.000 blogs y un grupo en Facebook con 50.000 miembros. Hoy ya son cerca de millón y medio las webs que apoyan dicho manifiesto.

El núcleo del problema de la nueva ley es que se salta a la torera los procedimientos de cualquier democracia, pretendiendo poner en manos de una comisión dependiente del Ministerio de Cultura la decisión de cerrar tal o cual página. Todo ello sin la pertinente intervención de un juez. En la práctica (y en la sombra), dicha comisión estaría en manos de la SGAE, EGEDA y otras organizaciones de gestión de derechos de autor. Organizaciones privadas que han demostrado no poco ánimo de lucro. La tentación de utilizar esa comisión para establecer censura es demasiado grande y pone en grave peligro la libertad de expresión, y el propio futuro económico de Internet en España. Al cierre de estás líneas, el Consejo de Ministros sigue valorando la idoneidad del apartado 'descargas' de la nueva Ley, y ya surgen voces discordantes hasta en el seno del PSOE. Habrá que esperar para comprobar si nuestros dirigentes atienden al clamor popular, a la lógica o a los susurros cortesanos de lenguas de serpiente con demasiados intereses.