El Gobierno cambiará la ley de cajas en 2010

El Gobierno corrige el tiro y está dispuesto a abordar en la segunda mitad de 2010 una reforma de la ley de órganos rectores de las cajas de ahorro, con el fin de reducir la cuota política y de facilitar su acceso a los mercados de capitales. Lo anunció el presidente Rodríguez Zapatero ante el pleno del Congreso. El Ejecutivo había renunciado a tocar la norma básica durante la presente legislatura, pero todo apunta a que las carencias de la reestructuración en marcha y, sobre todo, las disputas ventiladas de cara al público entre aspirantes al poder en Caja Madrid, le han llevado a incluir esta tarea en la agenda de las urgencias.

Zapatero impulsará los cambios una vez concluidos los ajustes en el marco del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), y la reforma tendrá como finalidad «reforzar el funcionamiento» de las cajas de ahorro y «hacerlas más competitivas» para que no tengan que reducir la actividad y puedan seguir dando crédito. Aclaró el presidente del Gobierno que no se trata de «demonizar» a los políticos. Y evocó la figura de uno de los grandes estafadores del sistema financiero, Bernard Madoff, de quien dijo que no era precisamente «senador por Kentucky».

El anuncio de Zapatero ha sorprendido favorablemente al sector, que ya empezaba a desconfiar. En enero pasado la Confederación de las entidades de ahorro (CECA) emitió una declaración institucional pidiendo al Gobierno de España y a los grupos parlamentarios que procedieran a las reformas legales necesarias para «preservar el principio constitucional de autonomía empresarial» de las cajas. Y se movilizó cuando tuvo noticia de que se ultimaba el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible.

Es de esperar que ahora se muevan las fuerzas políticas. A los nacionalistas, y en general a los gobiernos autonómicos, no les va a gustar en absoluto que se plantee un recorte de competencias territoriales. El presidente Zapatero avanzó, eso sí, que la reforma se llevará a cabo «con el necesario consenso».

Las cajas de ahorro necesitan ampliar capital para hacer frente a la morosidad y a las nuevas exigencias internacionales de solvencia, pero no tienen accionistas y no pueden pedirles dinero directamente. La concentración de cajas en una entidad de mayor tamaño es otra vía para mejorar la solvencia. Pero todos los procesos de fusión interterritorial promovidos han topado con el veto de las autonomías, por la pérdida de poder que suponen para los gobiernos autonómicos.

La norma vigente permite que los representantes públicos puedan alcanzar una cuota de poder de hasta el 50% en las cajas, pero hay legislaciones autonómicas que rebajan este porcentaje. Que el techo sea tan elevado ha hecho posible la larga pelea 'política' por la cúpula de Caja Madrid.