Chamizo dice que el Sistema de Protección de Menores "no aguanta más" y pide un estatuto específico para trabajadores

El Defensor del Menor de Andalucía, José Chamizo, alertó hoy en el Parlamento andaluz de que el Sistema de Protección de Menores de la Junta de Andalucía "no aguanta más" en las condiciones actuales y pidió un estatuto específico de regulación laboral para los funcionarios que trabajan en el mismo.

Chamizo, quien compareció en el Parlamento andaluz para presentar el Informe Anual del Defensor del Menor correspondiente a 2008 --en el que se constata un crecimiento del número de quejas tramitadas en los últimos años hasta pasar de las 726 de 2005 hasta las 1.022 del pasado año, 930 a instancia de parte y 92 de oficio, pidió "consenso" a los grupos políticos para resolver "de una vez por todas" los problemas que tiene el Sistema de Protección de Menores, tales como "alta rotación, excesiva carga de trabajo, o falta de especialización".

Según explicó el Defensor, el Sistema de Protección de Menores acarrea desde hace una década problemas tales como "la falta de cobertura de las plazas disponibles, la falta de agilidad a la hora de cubrir los puestos vacantes de funcionarios que desempeñan tareas urgentes, que a veces se acumulan, relacionadas con la salvaguarda de los menores o la alta rotación del personal".

Esta alta rotación se produce, según Chamizo, por la "gran carga de trabajo que acumulan y la importante implicación emocional que conlleva este trabajo, lo que requiere un especial compromiso y dedicación que provocan una presión constante que se traduce en situaciones de estrés e impotencia por buscar soluciones que muchas veces no se encuentran en sus manos".

Asimismo, esta falta de estabilidad provoca la "ausencia de especialización" de los funcionarios que trabajan en el ente que depende de Dirección General de Infancia y Familias de la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social, que se incrementa por la "falta de incentivos a su trabajo".

A ello hay que sumar, tal y como destacó el Defensor del Menor, un horario de trabajo fijado para el personal de la Administración "que no se corresponde con la disponibilidad que requieren determinadas tareas urgentes".

Por ello, instó a la Administración andaluza a regular de manera específica las condiciones laborales del personal funcionario que trabaja en el Sistema de Protección de Menores para "garantizar la estabilidad laboral del personal e incentivar su permanencia en el puesto de los funcionarios con experiencia y formación idónea", tomando como referencia a otro sectores de la Administración como el sanitario o el educativo.

"DESINTERES DE POLITICOS"

Chamizo reprochó la ausencia de diputados presentes en la Comisión, recordando los presentes que los problemas de los menores tienen la "misma categoría política que las comparecencias de los consejeros". "Si no se muestra un mayor interés no me creo que la clase política esté por la labor de resolver los problemas de la infancia", criticó.

Por otro lado, el Defensor alertó sobre la "actitud pasiva y de relajación del deber de la educación de los hijos por parte de sus progenitores" que se observa en los últimos tiempos, un "nuevo mal en la sociedad actual representado por padres y madres permisivos que son incapaces de fijar límites a la conducta de sus descendientes, consentidores de sus caprichos e impotentes para poner freno a sus desmanes".

Así, lamentó que "cada vez más la vida cotidiana de los menores se realiza con la falta de implicación de sus padres, que tienen que atender a una agenda de ocupaciones en la que la relación con sus hijos no encuentra lugar".

En este sentido, valoró las "bondades" del Plan de Apoyo a las Familias Andaluzas desarrollado por la Junta para la conciliación de la vida laboral y familiar, pero advirtió de la "dificultad" de Andalucía para alcanzar la meta fijada por la Cumbre de Lisboa de que en 2010 sea cubierta al menos un 33 por ciento de la demanda de plazas para menores de 0 a 3 años en las escuelas infantiles.

Chamizo recordó que, actualmente, "sólo el 17 por ciento de la población infantil de 0 a 3 años tiene plaza en los centros de educación infantil", ya que la Administración educativa ofrece un total de 61.191 plazas para una población total de 361.412 menores de 0 a 3 años, según datos del Observatorio de la Infancia en Andalucía.

Igualmente, demandó un impulso a la institución de la mediación familiar para solucionar los conflictos familiares actuales y consideró "necesaria y urgente" una reforma de los servicios de atención sanitaria infanto-juvenil que propicie la detección precoz en edades tempranas, así como la extensión de la red de recursos para intervenir los trastornos del comportamiento de los adolescentes, pues "no es admisible que se sigan repitiendo las situaciones de desatención que se percibe actualmente".

Además, animó a estudiar el fenómeno de la movida juvenil desde un punto de vista "plurisectorial" y pidió a la Administración que se afane por ofrecer programas de ocio "atractivos para la juventud para resolver problemas enquistados en la adolescencia que se erige en una fuente de problemas familiares por los horarios de salida, el modo de reunión o el excesivo consumo de alcohol".

Por último, demandó la regulación de los cuidadores infantiles en el hogar con la creación de un registro o bolsa de trabajo específica que asegure a los padres que el trabajador cuenta con la "suficiente formación y cualificación" y que, a la vez, otorgue seguridad jurídica al empleado.

"PERMISIVIDAD" DE LOS PADRES

Según el Defensor, el cuidado de los menores en el entorno familiar es un tipo de trabajo de "alta responsabilidad" la que hasta ahora la Administración "ha prestado poca atención", algo que choca con el hecho de que "cada vez más padres y madres acuden a la institución pidiendo orientación sobre este servicio y expresando la necesidad que tienen del mismo".

Por su parte, la diputada por el Grupo Parlamentario Popular María Dolores López Gabarro coincidió en reivindicar una "mayor dotación" de plazas para la educación infantil de 0 a 3 años con el fin de alcanzar los objetivos de la Cumbre de Lisboa ante el "déficit" existente.

Asimismo, señaló la existencia de "multitud de quejas" por "irregularidades" en el proceso de escolarización del alumnado "que se repiten años tras año", así como consideró que la Administración debería de "actuar de manera urgente" para combatir los casos de conflictividad o acoso escolar

También demandó al Gobierno andaluz esfuerzo para revertir la "precariedad" con la que trabajan los funcionaros del Sistema de Protección de Menores "tanto en el ámbito material como en el personal".

La diputada por el Grupo Parlamentario Socialista Ana María Tudela pidió al Defensor del Menor incluya en su informe para el año 2009 un análisis de la aplicación de las medidas contempladas en la Ley de Mediación Familiar y se congratuló de que el aumento de quejas presentadas ante la institución "se debe a que los ciudadanos cada vez tienen un mayor conocimiento y confianza en la labora que desempeña la misma".